Atención de la salud en los centros penitenciarios mexicanos

Resumen

Aunado a la sobrepoblación y al hacinamiento, el servicio médico que se brinda dentro de los centros penitenciarios, es deficiente. Carencia o desabasto de mobiliario, equipo, instrumental, insumos; plantilla insuficiente; constituyen la realidad del servicio médico dentro de los reclusorios.

En su mayoría los centros de reclusión proporcionan atención de primer nivel[1], cuando se requiere de un servicio más especializado, los internos son trasladados a centros públicos de salud, con las limitaciones y conflictos que éstos suponen; los internos deben esperar largos periodos de tiempo para ser intervenidos y tratados, sin mencionar que para realizar dichos traslados así como durante el tiempo que el interno se encuentra en los centros médicos, se requiere de personal de seguridad y custodia, quienes son destinados en un primer momento para velar por la seguridad de los centros penitenciarios. Cabe mencionar que han existido fugas durante dichos traslados o en los centros de salud.

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De acuerdo a los "Resultados de la Tercera Encuesta a población en Reclusión en el Distrito Federal y Estado de México, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE)", se muestra que el porcentaje de internos que ha recibido atención médica en el D.F. ha caído sustancialmente, desde 2002. Del total de la población encuestada, el 65% de los internos reporta no recibir atención médica cuando enferma. Asimismo el 43,32% de los internos encuestados declara que la atención médica recibida es regular (Azaola y Bergman, 2009: 47 y 74). Lo anterior supone que gran parte de los internos enfermos no sean diagnosticados ni tratados médicamente.

La atención médica, en muchos casos no llega a todos los internos, los medicamentos no son suficientes y en algunos casos son vendidos a los internos o sus familiares se los brindan. De acuerdo a la encuesta mencionada, el 57.71% de los internos consigue los medicamentos a través de los familiares, mientras que únicamente al 24.77% se los proporciona la institución (idem). Ejemplo de lo anterior, lo constituye el estado de Tabasco donde gran parte de los servicios médicos de sus centros de reclusión, carece de medicamentos y de material de curación (MNPT, 2009 d:42).

Otro de los problemas fundamentales es la falta de personal médico, los centros no cuentan con el suficiente personal para atender a todos los internos, en algunos centros, no existen médicos ni personal de enfermería, adscritos, en algunos otros, los médicos cuentan con horario limitado por lo que no existe una atención constante. Por ejemplo en el centro de Ciudad Acuña en Coahuila, el médico sólo acude una hora al día a brindar atención, por lo que si un interno se enferma fuera de esa hora, tiene que esperar al turno del siguiente día (MNPT, 2010 e:42).

Aunado a las grandes carencias anteriormente descritas, el sistema penitenciario enfrenta un conflicto mayor, la accesibilidad a los servicios médicos. El acceso al servicio médico constituye un derecho fundamental de los internos, sin embargo, como lo menciona la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Informe Especial sobre el Derecho a la Salud de las Personas Privadas de la Libertad, dicho acceso se ha convertido en una posibilidad que se debe negociar con el personal técnico y de seguridad. Se convierte en un eslabón más de la corrupción.

En algunos centros de reclusión, el procedimiento para tener acceso al servicio médico, consiste en hacer una solicitud por escrito a los custodios y ellos a su vez las canalizan al servicio médico o por medio de los trabajadores sociales. Lo anterior, puede llegar a fomentar la corrupción, pues el acceso al servicio médico depende en un primer momento de la “voluntad” de los custodios. Por ejemplo en el penal de los Mochis, los celadores no derivan dichas peticiones al área médica, por lo que los internos tienen que encontrar la manera de ser atendidos (MNPT, 2011 c:49). De acuerdo a la encuesta citada, los internos tienen que esperar hasta 39.57 horas en promedio para acudir al servicio médico (Azaola y Bergman, 2009: 74).

El problema de la atención médica se agrava en las zonas de castigo o segregación, donde el interno por diferentes razones es confinado a un área, sin la posibilidad de salir de ella, áreas que generalmente no cuentan con servicio de electricidad ni agua, así como una deficiente higiene. El acceso al servicio médico en estos casos depende de la disponibilidad y el "ánimo" del personal de seguridad y custodia para trasladarlos a las áreas médicas o en su caso del personal médico para dirigirse a dichas áreas.

Aunado a lo anterior, las mujeres en prisión carecen de la atención médica adecuada, muchos de los centros en los que son alojadas, al ser centros primordialmente varoniles, no cuentan con servicios ginecológicos ni con pediatras. Éstos últimos necesarios para los hijos que viven con sus madres en prisión.[2]

[1] En el D.F. la Torre Médica de Tepepan, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial y la Penitenciaría cuentan con atención más especializada.

[2] De acuerdo a la legislación estatal, los hijos de las internas pueden permanecer con sus madres hasta una determinada edad. En el caso del D.F., lo pueden hacer hasta los seis años. (Artículo 140 del Reglamento del los Centros de Reclusión del Distrito Federal.)