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¿Cómo conjugar los derechos y necesidades de las víctimas con los de los infractores?
Resumen
Noelia de Mingo, la médico de la Fundación Jiménez Díaz que mató a tres personas e hirió a otras siete en 2003, saldrá un mes de vacaciones. La asociación de defensa del paciente que se personó como acusación particular ha calificado la decisión del juez de autentica barbaridad y a de Mingo, de peligro real para el resto de los ciudadanos. El equipo técnico que la valora considera que es necesario que vaya reintegrándose en la vida cotidiana como forma de recuperación. Noelia de Mingo padece esquizofrenia paranoide, enfermedad para lo que no hay cura, tan sólo medidas de control de la enfermedad y dado que el juez considera que sigue siendo necesario la medida de internamiento es un despropósito que se la permita salir.
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Este caso se me antoja muy complicado, por cuanto la gran pregunta es ¿qué debe primar la reinserción o la seguridad de los ciudadanos?
Todos nosotros tenemos derecho a la vida y la integridad física y moral, según dice el artículo 15 de nuestro texto constitucional, además es considerado un derecho fundamental y por lo tanto el estado debe ser el garante último de este. Si el derecho a la vida y la integridad es un derecho inviolable, todo atentado o puesta en peligro de la vida de los ciudadanos debe de ser castigado y el sistema debe proteger y favorecer la seguridad física y moral de los miembros de la comunidad. Si esto es así el permiso por treinta días de esta señora, es un peligro real para la vida de todos nosotros. Cualquier ciudadano puede ser una potencial víctima, y el responsable último de este peligro es el estado cuando su obligación es proteger a todos los miembros de la sociedad.
Por supuesto la reinserción y la reducación están también contempladas en la Constitución, pero en este caso estamos hablando de una infractora con graves problemas mentales, cuya rehabilitación es más complicada y difícil de valorar puesto que su enfermedad es incurable, solo se puede controlar.
Por eso se me agolpan otras cuantas preguntas ¿están los psicólogos totalmente seguros que esta chica no supone un peligro en potencia para la gente que se cruce con ella? ¿Podrían la mano en el fuego por ella? Y lo que es peor ¿tienen claro que solo con la custodia de los familiares es suficiente? ¿No corren también peligro? Reconozco que no soy psicóloga y por eso no sé si estas preguntas tienen realmente contestación pero lo que si sé es que el cerebro humano es difícil de predecir y si en su día y aunque se sabía que esta chica tenia problemas mentales, no pudieron evitar que cometiera los delitos, no sé si podrían asegurar sin ninguna duda, que han conseguido controlar su enfermedad. Si lo hubieran logrado cesaría la necesidad de internamiento en el centro psiquiátrico penitenciario pero sin embargo, el juez mantiene la necesidad de este internamiento entonces ¿cómo se entiende esta salida de 30 días solo bajo supervisión de la familia, si sigue necesitando estar recluida?
Y si ocurriera algo ¿quién sería el responsable? Esta chica por supuesto que no, yo diría que el responsable sería el sistema por poner una "bomba de relojería" en la calle con un escaso control pero con un alto grado de peligrosidad. Si pensamos en el futuro y en las generaciones futuras, se debe procurar la curación o al menos en este caso, el control de la enfermedad de esta chica, para evitar que cuando cumpla su condena salga a la calle igual que cuando entró. Solo así podremos poner fin a su peligrosidad, ya que sino intentamos esto, solo retrasaríamos el problema unos años pero no lo solucionaríamos, únicamente lo dilataríamos en el tiempo. Sería egoísta por nuestra parte limitarnos a condenarla 25 años sin más, por cuando la sociedad estaría tranquila esos años pero ¿y después?
Es por eso importante conjugar el derecho actual de todos nosotros a sentirnos seguros y a confiar en que el estado nos va a proteger, con el derecho de los que vendrán después a esto mismo y con el derecho de la propia infractora a reintegrarse en la sociedad de nuevo. Sin embargo una vez más se nos está olvidando algo esencial y es el derecho y las necesidades de las victimas y los familiares de los fallecidos.
Las victimas especialmente de delitos graves tienen una serie de necesidades, la esencial sería que sus familiares fallecidos volvieran y por supuesto que esto no va a suceder, pero también necesitan reconocimiento y respeto, apoyo y protección. Estas necesidades precisamente son fomentadas y apoyadas por la Justicia Restaurativa para la cual las victimas y sus familiares son lo primero, el centro de atención. En este caso, el sistema está teniendo muy poco respeto para con las victimas de esta chica, porque tal parece que valoran más la vida y el futuro de la infractora que las vidas de los asesinados y lesionados por ella, y para más inri tampoco están considerando como dignas de protección la vida e integridad de todos los demás miembros de la comunidad. Otra cosa sería si esta chica hubiese dejado de ser un peligro real y serio y que se valorara que ya no es necesario su internamiento pero esto no es así, con lo que reitero, que es difícil de comprender como se la da permiso para salir y a la vez se considera que debe seguir internada. También el sistema está fallando en proteger a las víctimas por cuanto al dolor del delito se añade el dolor de sentirse menospreciadas y en cuanto al apoyo que necesitan tampoco lo encuentran, al sentirse que sus necesidades no son tenidas en cuanto o al menos valoradas de igual manera que las de la agresora. Entonces ¿qué hacer con este tema? ¿Abandonar a las víctimas ahondando en su trauma o abandonar a la infractora y condenar así a las generaciones futuras a tener entre ellos una persona que no se ha rehabilitado?
Está claro que el tema no es fácil, pero estoy segura que se podría encontrar alguna fórmula que conjugue el derecho de las victimas a ser consideradas como dignas de respeto y consideración con el de la agresora a poder reinsertarse en la comunidad sin olvidar, claro está, el de todos nosotros a sentirnos seguros.
Para empezar lo esencial es tener informadas a las víctimas de todos los pasos a seguir, pedirlas su opinión y escucharlas, darlas su “lugar” y al fin y al cabo de esto trata la Justicia Restaurativa. En segundo lugar, hasta no estar seguros de que ciertas medidas no suponen un cierto peligro potencial, evitar tomarlas para no generar así alarma social, especialmente si se trata de esta clase de personas cuya evolución es muy difícil de predecir de forma segura, ya que no hablamos de ciencias exactas. Y sobre todo y por encima de todo, tener en cuenta que las victimas y sus familiares deben ser nuestra prioridad, además ellos también necesitan reintegrarse en la comunidad, y para esto es necesario que puedan superar el trauma y curar sus “heridas”. No ayuda nada a esta rehabilitación, sentirse abandonadas por el estado, que no se las ha protegido lo suficiente frente a la agresora y que es más digna de consideración esta infractora que ellos mismos. Para mí está claro la receta: escucharlas, informarlas y no adoptar medidas que supongan un riesgo, porque por mínimo que sea está ahí, y es muy difícil de olvidar.
Bibliografía
Licenciado en Derecho con Estudios en Psicología Educativa
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