Confirmado: El Gobierno pagó por el rescate del Alakrana

Resumen

Efectivamente, lo que todos sospechábamos se ha confirmado. La Audiencia Nacional ha dictado Sentencia en el juicio oral abierto contra Abdu Willy y Adji Haman, dos de los piratas que asaltaron el atunero Alakrana el 2 de octubre de 2009 y que mantuvieron secuestrados a todos sus tripulantes hasta su liberación, el 17 de noviembre de 2009.

Artículo completo

Cito textualmente un pasaje de la Sentencia: "Queda probado sin duda alguna que fueron organismos públicos vinculados al Gobierno español" quienes pagaron el rescate a los delincuentes piratas somalíes. Se ignora la cantidad exacta que todos los españoles pagamos por el rescate. Sólo se tiene constancia de que, el 17 de noviembre de 2009, momentos antes de la liberación de los pescadores, dos aviones sobrevolaron al atunero y arrojaron varios bidones al mar, en las inmediaciones del barco. Ya podía haber caído uno de esos bidones en las inmediaciones de una oficina del INEM. Nadie habría recuperado su puesto de trabajo pero llevarían el desempleo con mucha más alegría. Claro que los parados españoles no son piratas somalíes y quizá no merezcan esos regalos caídos del cielo.

LLega un momento en el cual, ante tal acumulación de dislates e ilegalidades cometidas por quienes intentan gobernarnos, vemos con absoluta normalidad que se regalen unos millones de dólares a unos vulgares delincuentes para que sigan alimentando su negocio criminal y se emborrachen a la salud de todos nosotros. Que el Gobierno, directa o indirectamente, haya pagado este rescate es un hecho gravísimo, se mire por donde se mire. Se colabora con un grupo organizado criminal que se dedica a robar, a secuestrar e incluso en algunos casos a asesinar a sus víctimas.

Se nos puede decir que con el pago del rescate todos los pescadores secuestrados pudieron volver a sus casas sanos y salvos y que ellos y sus familias siempre estarán agradecidos por ello. Ese argumento no sirve. Está viciado en su origen. Si quienes hubiesen pagado el rescate hubiesen sido los familiares de los secuestrados nada habría que alegar ya que se econtrarían en una clara situación de estado de necesidad justificante. Pero el Gobierno no está en esa situación y con el pretexto de no poner en riesgo la vida de los pescadores no puede de ninguna manera negociar y pagar a los secuestradores contribuyendo de manera decisiva si no a la comisión sí al agotamiento del delito. Desde el punto de vista de la ética política es sencillamente inaceptable.

Resulta increíble que el Gobierno ni diseñase si ejecutase un plan militar para tratar de liberar el barco y detener a todos los piratas bien antes o bien inmediatamente después de arrojar los famosos bidones. El papelón de la fragata del ejército español apostada a escasos metros del atunero durante un mes, es sencillamente de traca. Los militares que tripulaban esa fragata debieron sentirse encantados de que, no sólo no se les permitiese acometer una acción militar de abordaje y rescate de los marineros secuestrados, sino que fuesen privilegiados espectadores pasivos del abono del precio pactado por la liberación.

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Por cierto, cada uno de los acusados en este juicio ha sido condenado a 439 años de prisión como autores responsables de 36 delitos de detención ilegal y un delito de asociación ilícita. Menos mal que finalmente no se llevó a cabo esa otra brillante idea que consistía en dejarlos en libertad a los pocos días de su detención para que el resto de sus compinches que estaban en el barco no se enfadaran mucho y no apretaran el gatillo. Mira que el Gobierno y el Fiscal General del Estado le dieron vueltas al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta a la Ley de Extranjería buscando o intentando inventarse un resquicio para dejar en libertad a dos delicuentes…. que una vez juzgados han sido condenados a más de 400 años de cárcel cada uno de ellos. Afortunadamente este nuevo dislate no se llegó a poner en práctica.

Sin embargo, la gran suerte que ha tenido el Gobierno de que los dos acusados hayan sido absueltos de los delitos de terrorismo de los que también eran acusados porque de haber sido condenados, el pago del rescate, con el Código Penal en la mano, tiene nombre y apellidos: colaboración con banda armada.