¿Cuándo se utilizó la prueba de ADN para condenar, por primera vez, a un sospechoso?

Resumen

En anteriores in albis, ya hemos tenido ocasión de comentar algunas de las curiosas plusmarcas de la historia criminal de Gran Bretaña: sólo en el siglo XIX, William Burke inventó en 1827 un método para matar que, en su honor, pasó a la historia forense como el burking; Constante Kent asesinó a su hermanastro de 4 años en 1860, convirtiendo aquel caso en el primer crimen mediático del mundo; Percy LeFroy Mapleton fue el primer fugitivo al que se buscó mediante un retrato robot, en 1881; y el doctor Thomas Bond realizó el primer perfil criminal, a Jack el Destripador, en 1888. Casi un siglo más tarde, este país volvió a ser pionero al identificar por su ADN a un peón llamado Robert Melias, acusado de agredir sexualmente a una mujer enferma.

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El ácido desoxirribonucleico (ADN) se conserva durante siglos sin alteración y se puede obtener de cada una de las células, así como de los líquidos biológicos del cuerpo, y el grado de certeza es prácticamente total (sentencia 6190/2006, de 4 de octubre, del Tribunal Supremo español); este componente químico del núcleo celular se ha convertido –como reconoció la STS 4844/2012, de 9 de julio– en un instrumento esencial de las técnicas que la moderna medicina forense utiliza para la investigación de delitos por parte de las autoridades judiciales y policiales, haciendo referencia al preámbulo de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, que reguló la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN; norma con la que se terminó de dar cobertura jurídica a esta práctica tras la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que dio nueva redacción a los Arts. 326 y 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para convertir esta pericia en una prueba plena.

Aquella Ley Orgánica de 2007 mencionó, expresamente, que desde que en 1988, en el Reino Unido y por primera vez, la información obtenida del ADN fuese utilizada para identificar y condenar al culpable de un delito, tanto en España como en el resto de los países de nuestro entorno se ha tomado conciencia de la trascendencia de los marcadores genéticos en las investigaciones criminales, algo que venía siendo más frecuente en otros ámbitos, como la identificación de cadáveres o la determinación de relaciones de parentesco.

El antecedente británico es válido pero, en realidad, no sucedió en 1988 sino el 13 de noviembre de 1987, cuando la Bristol Crown Court condenó a Robert Melias a 8 años de reclusión por haber agredido sexualmente a una mujer discapacitada, en el domicilio que ella tenía en Avonmouth, la madrugada del 29 de enero. El destino quiso que, al mismo tiempo pero al otro lado del Atlántico, en noviembre de 1987, Tommie Lee Andrews también fuese acusado del mismo delito en el condado de Orange (Florida, EE.UU.) por el rastro de ADN que su sangre y el semen dejaron sobre una víctima, como describe el interesante informe Condenados por jurados, exonerados por la ciencia del Departamento de Justicia estadounidense sobre el uso del ADN en la jurisprudencia de este país.

Bibliografía

Carlos Pérez Vaquero

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Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com