De mendigos a criminales: ordenanzas de convivencia para el control social

1. Resumen

Desde Estados Unidos a Europa, la lógica neoliberal ha modificado el mundo. De ello se derivan una serie de consecuencias a nivel local, como es la gentrificación o el desplazamiento de la pobreza mediante mecanismos y tecnologías de control social. Ello se advierte en las Ordenanzas Municipales de Convivencia de Madrid y Barcelona, reflejo de los cambios producidos en el mundo Occidental con respecto a la gestión de la pobreza.

Palabras clave: Pobreza. Gestión. Gentrificación. Ordenanzas. Convivencia. Mendicidad.

2. ¿De dónde venimos y a dónde vamos?

El presente artículo tratará de poner de manifiesto la deriva neoliberal que se ha tomado en España, sobre todo en ciertas ciudades que se analizarán detenidamente, en relación al tratamiento de la pobreza y la criminalidad común. Es necesario resaltar que dicha deriva, adoptada mediante cambios legislativos a nivel local que implementan tecnologías de control social, es un proceso gradual al que no ha de escapar nadie, de acuerdo a las palabras de Wacquant (2001). De esta forma, nuestro país tan solo sigue la línea marcada por las políticas de gestión de la pobreza importadas desde Estados Unidos, pasando por Londres como principal laboratorio en Europa, y de las que más tarde se han ido haciendo eco las diferentes capitales y ciudades del Viejo Continente.

Con todo lo anterior, es necesario poner en antecedentes al lector o lectora, esto es, ¿qué políticas son las que se aplican y de dónde proceden? En este trabajo se van a analizar las políticas de gestión de la pobreza aplicadas en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) (Davis, 2001) y su traslado a las ciudades de Madrid y Barcelona, por las similitudes encontradas entre las primeras y las Ordenanzas de Convivencia Municipales de las segundas. Se ha estudiado la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona y el Borrador de Ordenanza de Convivencia de la villa de Madrid, esta última por la imposibilidad de encontrar una regulación unificada de esta norma, cuya última publicación conjunta data de 1948.

En estas ciudades en las que se mezclan etnias, clases, géneros, tribus urbanas, corrientes artísticas y un sinfín de personas, encontramos Ordenanzas de Convivencia que pretenden regular los aspectos básicos de la vida cotidiana. En lo que a nosotros respecta, nos vamos a centrar en la mendicidad como grupo urbano, agrupando en esta definición a aquellos individuos sin residencia fija ni ocupación en las ciudades modernas, que sufre de los mecanismos urbanos de control social. Estas políticas de gestión de la pobreza son descendientes y consecutivas a la doctrina de la Tolerancia Cero, que a su vez proviene de la Teoría de las Ventanas Rotas, formuladas y desarrolladas ambas por Wilson y Kelling (1982). En , esta teoría sostiene que las conductas desviadas son el preludio ineludible para la comisión de delitos; requisito sine qua non es que los delitos a evitar son los cometidos por las capas más bajas de la sociedad, ya que son los más visibles, por lo que el control se centra sobre los desposeídos, en términos de Wacquant (2001); tal y como se configuró el control establecido por la Tolerancia Cero en Estados Unidos o, al menos, en algunas de sus ciudades, únicamente se dirigía a los delitos de la clase trabajadora, dado que es la relajación moral de estas personas el germen primero de la delincuencia y la desviación social (Wacquant, 2012). Ello da lugar a una criminalización de la pobreza, en cuanto a que se identifica como delincuentes a los pobres por el hecho de serlo; la vagueza y la moral relajada son los problemas a los que hay que hacer frente, así que es necesaria una redirección de la vida de los individuos en los términos morales que interesen a la economía, como ponía de manifiesto Wacquant (2012). Dado que esta redirección es de todo punto imposible desde el ámbito de la municipalidad por sí sola, por cuanto es necesario un sistema mucho más amplio, los ayuntamientos se ciñen a su papel como gestores de la pobreza adaptando mecanismos y espacios contra la mendicidad y la pobreza más visible.

Todo lo anterior se enmarca en una lógica neoliberal de mercado. El neoliberalismo se define como una ideología cuyos fines son la trasmutación de los fines del Estado, de tal manera que se consigue la retracción del Estado en el plano social y económico, dejando libertad absoluta a la economía capitalista para que se autorregule, y una ampliación de las funciones estatales en el ámbito penal, con tal de corregir las desviaciones provocadas por el paso atrás en el aspecto social (Wacquant, 2012). Se entiende así que los Estados que asumen este rol dejan de ser Estados del Bienestar para pasar a ser neoliberales, en los que las coberturas sociales desaparecen o presentan requisitos más duros para su obtención. Sirvan a modo de ejemplo las condiciones para las ayudas sociales que se imponen a las madres solteras en Estados Unidos, a saber, que vivan con sus padres o el niño esté escolarizado, aun sin tener en cuenta las situaciones específicas de las solicitantes (Wacquant, 2012).

De esta forma, encontramos en Los Ángeles una nueva forma de entender la pobreza y su control (Davis, 2001), tratándola como factor de riesgo social e improductivo para un sistema centrado en la economía, donde el trabajo y esfuerzo individual sirven al fin único de mantener el ciclo productivo. Así las cosas, la mendicidad, en cualquiera de sus aspectos, supone, de acuerdo a esta lógica, un desgaste de los recursos sociales, así como un lastre a la economía de las ciudades, sobre todo de aquellas cuya principal fuente de ingresos es el turismo y sector servicios. Es por ello que en Los Ángeles (Davis, 2001) se empezaron a implantar ciertos mecanismos y tecnologías para mantener a raya y alejados del centro de la ciudad a todo este grupo urbano que es el de la pobreza, en cualquiera de sus formas: desde los mendigos hasta la prostitución callejera. Entre estos mecanismos de control encontramos los llamados Barrios de Control Social, divididos en barrios de aumento, supresión y contención, según las políticas que se apliquen. Así, los barrios de supresión son aquellos de los que se trató de eliminar las conductas indeseadas mediante renovación del espacio urbano, como plazas y parques con obstáculos físicos para que los mendigos se sentasen; entran también aquí las zonas en las que el LAPD (Los Ángeles Police Department) se dedicaba a hostigar a prostitutas para alejarlas (Davis, 2001). Por su parte, el nombre de ‘barrios de contención’ hace referencia a los guetos, zonas urbanas en las que se acumulan migrantes, personas de clase trabajadora y desposeídos de todo tipo (Davis, 2001). Son éstas zonas de las que es muy difícil salir, ya sea por su lejanía en relación al centro de la urbe y mala comunicación, ya sea por barreras físicas, como las que describe el propio Davis (2001); puentes peatonales que comunicaban las zonas de la ciudad con seguridad privada, de tal manera que a la mínima señal de emergencia convertía el centro en un búnker.

Si bien en España los barrios de supresión no se han previsto como tales, aunque se hayan ido dando con las remodelaciones del espacio urbano a las que más adelante se hace referencia, sí que aparecen en nuestra geografía barrios de contención. Ejemplos de guetos hay en todas las ciudades, a los que el saber popular los asimila con zonas de droga, delincuencia, marginalidad y migrantes. Sirvan de ejemplo la Cañada Real Galiana en Madrid, el barrio de Almanjáyar en Granada o Las Tres Mil Viviendas en Sevilla. Dichos barrios se encuentran en cierta medida alejados de los núcleos urbanos y son considerados como principal foco de delincuencia en la ciudad, si bien estas impresiones no siempre casan con los datos oficiales.

3. De California a España: Ordenanzas de convivencia

De todos ellos, los que se han trasladado con mayor presencia a Madrid y Barcelona son los barrios de aumento, en los que se aplican castigos exacerbados para conductas desviadas en zonas específicas: piénsese en el consumo de drogas o la prostitución cerca de colegios o zonas infantiles, ambas posibilidades contempladas en las Ordenanzas Municipales de las capitales estudiadas. A modo de ejemplo de la presión policial en Barcelona, el diario el Periódico (4 de octubre de 2011) muestra el desplazamiento de la prostitución hacia zonas periféricas a la Rambla de la capital catalana. Del mismo modo, las reformas urbanísticas en los alrededores de la Zona Universitaria han eliminado el descampado que, según afirma este diario, era zona habitual de ‘travestidos’, obligándolos a desplazarse a calles adyacentes (el Periódico, 4 de octubre de 2011). También en Madrid se repite esta dinámica (El País, 24 de octubre de 2015); la Policía Municipal ha aumentado su presencia en Marconi para ahuyentar a potenciales clientes de la prostitución, a petición de las asociaciones de vecinos que muestran su preocupación por centros escolares cercanos a la zona mencionada.

En este sentido, dentro de las Ordenanzas estudiadas, encontramos que se castiga la llamada ‘mendicidad agresiva’ que, de acuerdo a los documentos cuestionados, es aquella mendicidad que prohíbe la libre circulación de las personas por los espacios públicos mediante acoso u ofrecimiento de servicios no demandados. Así, se considera en este apartado a los limpiaparabrisas y vendedores de pañuelos que se apostan en los semáforos a la espera de que éste se ponga en rojo para iniciar su ruta, serpenteando entre los vehículos parados, con la esperanza de obtener algún tipo de ingreso, por escaso que éste sea. Para estas actividades se estipulan multas que, en todo caso, suponen cantidades desorbitadas para los individuos que las llevan a cabo; resulta complicado pensar que el vendedor de pañuelos de un semáforo tenga unos ingresos que le permitan subvenir una sanción de hasta 750€.

Más específicamente, se aprecia en el Borrador de la Ordenanza de Madrid cómo se localizan las zonas de aumento, si bien no son barrios concretos. Ello queda reflejado en el artículo 10, Capítulo I, Título II, en el que se prohíben expresamente todas las conductas que puedan ser mendicidad en los alrededores de colegios, hospitales o establecimientos comerciales. La fundamentación, de nuevo, es garantizar la libre circulación de las personas por el espacio público, si bien quedan marginados de ese espacio los individuos que no cumplen los requisitos del ciudadano medio.

Por otra parte, en la Ordenanza de Barcelona se estipula que los servicios sociales podrán intervenir en los casos en los que la mendicidad ‘tenga raíces sociales’, dando por supuesto que hay situaciones de este estilo que se eligen; se desplaza la responsabilidad de la situación individual únicamente al individuo, negando la participación, tanto activa como negligente, de la sociedad en su conjunto a la hora de crear estas condiciones de miseria. Se consigue, de esta forma, una vuelta a la Teoría de la elección racional (Cornish & Clarke, 1986); el individuo entiende que le sale más rentable mantenerse en ese estado de pobreza y precariedad permanente, antes que obtener un trabajo o educación socialmente adecuados. Ello enmascara, a su vez, la relajación moral de la que hablaba Wacquant (2012) como excusa utilizada en Estados Unidos para la criminalización y redirección de la vida de los pobres. Es así como se aplica e introduce la lógica neoliberal, a veces de manera no querida ni siquiera por el legislador, pero que queda patente y tiene efectos en la vida del grupo objetivo de la política pública; aquellos sobre los que se regula que, en este caso, no olvidemos que son vendedores de pañuelos en semáforos, mendigos de toda clase y condición y limpiadores de parabrisas.

4. Gentrificación, otra forma de marginación

Siguiendo con la línea anteriormente apuntada, las principales ciudades y capitales europeas parecen dirigirse hacia una economía basada en el sector servicios, lo que tiene una consecuencia perversa hacia la población autóctona, sobre todo del centro de las ciudades.

Siguiendo el diagrama de la Escuela de Chicago sobre la división de la ciudad (Park, Burguess & McKenzie, 1925), el centro es el núcleo financiero, en el que se acumulan los negocios y, en consecuencia, el dinero. Ello se podría trasladar, a día de hoy, a los centros de las ciudades dedicados, casi en exclusiva, al turismo, en sus más diversas formas. De acuerdo a este reparto del territorio urbano, el siguiente círculo es el que se dedica a la población más marginal, situada en los alrededores del núcleo de negocios. A partir de ahí, empiezan a aparecer círculos residenciales en los que el control social informal aumenta, así como lo hace también el formal, por lo que las conductas desviadas de la norma imperante no se encuentran, o no se hacen visibles, con tanta facilidad.

Pues bien, el proceso de gentrificación al que se somete a las ciudades es la inversión de cantidades ingentes de dinero en las zonas adyacentes a los núcleos financieros, esto es, el centro de las ciudades, para hacerlas más atractivas a un público objetivo, tanto para turismo como para la adquisición de viviendas. De esta manera, elevando el nivel de vida en dichas zonas, antes dedicadas a las viviendas de los individuos marginales de la sociedad, se consigue el desplazamiento de esta población hacia los extrarradios.

Entre las tecnologías empleadas en este proceso, en cuanto a remodelación del espacio público, las más visibles son aquellas denominadas ‘anti-mendigos’, mediante las que se pretende que estas personas no se asienten en determinadas zonas. Esta dinámica parte de entender la Criminología ambiental, rama que estudia el entorno con el fin prevenir delitos (en una definición muy pormenorizada), de una determinada manera; se excluye de los espacios públicos a aquellos que se considera individuos peligrosos. De esta forma, a la exclusión antes explicada en cuanto a barrios de aumento, encontramos ahora otra forma más sutil, disfrazada la mayor parte de las veces bajo diseño y modernización urbana: no se tiene en cuenta a todas las personas de la ciudad a la hora de pensarla y modelarla. El vicio en la Criminología ambiental pasa por una categorización de los más pobres como criminales, lo que resulta útil en cuanto a cohesión social; en cuanto la población encuentra un enemigo común, sean pobres o migrantes, es más fácil encontrar lugares comunes para hacerles frente (Bandáriz y Fernández, 2008; Tortosa, 2003), lo que empieza por la exclusión de zonas públicas y espacios visibles.

Ello queda patente en los bancos de parques y plazas públicas con separación de asientos, bancos individuales, superficies onduladas o con barreras de todos los tipos; también encontramos soportales con barreras metálicas en diversas formas, para evitar que los individuos tomen asiento. Estas tecnologías se presentan no sólo en España, sino que se expanden por toda Europa, por las principales capitales. Esto es llevado al extremo en Estados Unidos, más concretamente en Los Ángeles, en los que se ha llegado a duplicar el centro de las ciudades con tal de que sea posible visitarlas sin el problema de la delincuencia callejera o la mendicidad visible (Davis, 2001).

De esta forma, las Ordenanzas de Convivencia estudiadas en el presente artículo no serían más que otro paso en este proceso, por el que se renuevan zonas para hacerlas atractivas al gran público, dejando de lado a la población autóctona que, sin recursos, es obligada a mudarse hacia zonas más asequibles en términos de vivienda.

En definitiva, lo que se pretende en estas Ordenanzas es la ‘lucha’ contra la pobreza más visible, esconderla para que el público no tenga que enfrentarse a la miseria diaria que la misma sociedad crea. Dicha ‘lucha’ se hace patente en la primera intervención que se realiza en cuanto a mendigos y prostitutas; es la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Urbana de Barcelona las encargadas de las primeras diligencias. Así, estipulan las Ordenanzas que los agentes requerirán de aquellos que infrinjan la normativa que se retiren del sitio en el que estén. Llegado el caso de que no se cumpliera el apercibimiento, aquellos que se mantengan en su actitud podrán ser sancionados por desobediencia a la autoridad. Además, se estipula en ambas Ordenanzas que las sanciones podrán ser sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad, lo que es, de facto, una pena. Con ello se consigue la criminalización de la pobreza, en cuanto que se imponen sanciones por mendigar en un sitio que no se cree conveniente para la población de a pie.

5. ¿Qué ocurre en Europa?

Estos mecanismos y tecnologías se han ido implantando a lo largo de todo el Viejo Continente; tal y como describe Wacquant (2001) desde Inglaterra se ha ido expandiendo esta forma de entender el Estado y el mundo. Dicha dimensión transnacional de la lógica neoliberal subyacente a estos procesos, exportada desde Estados Unidos, también la deja patente González (2015) al apreciar que las tendencias de prisionización en España se mueven a la par que las europeas. Así, es difícil pensar que no ocurra lo mismo con los cambios a nivel local en el resto de capitales europeas, inclusive ciudades inmersas en el bloque soviético hasta su caída.

Y para muestra un botón; a continuación se presentan algunos de los mecanismos antes explicados que se han encontrado en diversas ciudades de Europa del este.

Como se ha apuntado antes, dichas remodelaciones del espacio público se toman como modernización de la ciudad, rejuvenecimiento y lavado de cara para el turismo. Lo que no se tiene en cuenta es a la población autóctona a la que se deja fuera de estos cambios, con la que no se cuenta y a la que apenas se escucha.

6. Conclusiones

Tras lo expuesto en las líneas anteriores, se pone de manifiesto que la pobreza más visible sigue siendo una molestia, un lastre, para la sociedad. No es cómodo ver a personas pidiendo en la calle, ofreciendo pañuelos o sus propios cuerpos como único medio de supervivencia.

En este artículo no se ha tratado la procedencia de dichas personas, condición educativa o situación legal en España, lo que sin duda daría para una investigación más en profundidad. Ello no obstante, si en algo coinciden los que se dedican, o se ven abocados, a esta suerte de existencia, es las miserias que han de pasar, no sólo como consecuencia de su vida diaria, sino también como consecuencia de las regulaciones sociales, que les hacen la vida más complicada de lo que ya es de por sí: como se ha definido con anterioridad, los bancos ‘anti-mendigos’ son uno más de los mecanismos usados contra estas personas.

La remodelación del Estado hacia el neoliberalismo da como resultado, a pequeña escala, la transformación de las ciudades hacia modelos en los que la economía es lo principal, aunque para mantenerla haya que pasar por encima de derechos y dignidades personales. Las ciudades cumplen su función mediante regulación local, obteniendo el desplazamiento de la población autóctona de zonas que en adelante se dedicarán al comercio y turismo, así como el desplazamiento de los desposeídos hacia la periferia, donde no serán visibles para los demás ciudadanos.

De nuevo se aplican los mecanismos formales de control sobre los grupos más desfavorecidos, aquellos sin voz ni voto por no cumplir con el estatus de ciudadano, reservado para aquellos con trabajo o residencia fija, en la remodelación neoliberal del Estado.

Asimismo, estas tendencias no se circunscriben únicamente al ámbito español, sino que se expanden por el mundo occidental. De ahí que resultaría de interés una investigación más en profundidad en Criminología comparada, para ver si ha habido cambios en este sentido en los países de nuestro entorno y, en el caso de que así haya sido, cuáles han sido las consecuencias. Ello serviría para desarrollar modelos de ciudades más en consonancia con las personas a las que se deja atrás y apartadas; remodelar la ciudad para todos sus habitantes. Esto sólo se puede conseguir si antes encontramos qué y cómo ocurre, mediante investigaciones descriptivas y explicativas, lo que supone sin duda un reto para la Criminología cultural y crítica.

7. Bibliografía

Alhambra Delgado, M., Enrique Alonso, L., Bourdieu, P., K. Cheliotis, L., Fernández, J. M., Ferrándiz, F., Xenakis, S. (2012). En Ignacio González Sánchez (Ed.), Teoría social, marginalidad urbana y estado penal. Madrid: Dykinson.

Bandariz García, J. A., & Fernández Bessa, C. (2008). La construcción de los migrantes como categoría de riesgo: Fundamento, funcionalidad y consecuencias para el sistema penal español. En M. Canció Melia, & L. Pozuelo Pérez (Coords.), Política criminal en vanguardia. inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada(pp. 143-199). Madrid: Thomson-Civitas.

Davis, M. (2001). Más allá de Blade Runner. Control urbano: la ecología del miedo . Bilbao: Virus editorial.

González Sánchez, I. (2012). Teoría social, marginalidad urbana y estado penal: Aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant . Madrid: Dykinson.

Redondo, S., & Garrido Genovés, V. (2013). Principios de criminología (4ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Ruano de la Fuente, J. M. (2014). La política local de seguridad en las grandes ciudades. el caso de la transformación de la policía municipal de madrid. Cuadernos De Gobierno y Administración Pública , 1(2), 139-157.

Tortosa Blasco, J. M. (2003). La construcción social del enemigo. Convergencia, nº33, 177-195.

Wacquant, L., Pascual, C. M., & Roldán, D. P. (2012). Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social (1ª , reimp ed.). Barcelona: Gedisa.

Wacquant, L., & Pons, H. (2001). Las cárceles de la miseria. Madrid: Alianza Editorial.

Juan Antonio Luque

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Criminólogo graduado por la Universidad de Granada. Actualmente cursando máster en Global Criminology en la Universidad de Utrecht. Representante estudiantil de la Universidad de Granada en la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología entre 2014 y 2016. Vicepresidente de la Asociación universitaria Estudiantes de Criminología de Granada entre 2014 y 2016.

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