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Dilemas políticos de la Estrategia de prevención situacional – ambiental del delito
Resumen
Desde hace varios años a la actualidad, se ha visto un incremento en la comisión de hechos delictivos, no sólo en las grandes urbes, sino también en diversas ciudades más pequeñas del interior de nuestro país.
Lejos de que esto pase desapercibido, los medios masivos de comunicación (radio, periódicos, blogs de noticias, televisión) se han hecho eco de este fenómeno en crecimiento, aumentando el espacio dedicado a estos temas en sus distintas producciones. Tal es así, que este aumento de bombardeo mediático dedicado al fenómeno de la criminalidad, por un lado, da cuenta del crecimiento exponencial que ha sufrido este fenómeno en los últimos años; y por otro lado, da cuenta también de que el problema de la criminalidad es un tema candente en las agendas del Gobierno, sea Central, Regional, o Local.
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Ahora bien, este incremento en las tasas delictivas, vino acompañado o en paralelo con una política de descentralización tanto política como económica, conocida como “neoliberalismo”, que bien pudo facilitar el crecimiento de la criminalidad, como así también bien puede tomar medidas interesantes para su represión y control.
En el presente, nos centraremos en la estrategia de prevención situacional – ambiental del delito, correlacionando la misma con la tendencia del neoliberalismo económico y político, para tratar de dilucidar los dilemas políticos de dicha estrategia, y poder vislumbrar si realmente la creciente criminalidad tiene o no algún correlato con el neoliberalismo.
La estrategia de prevención situacional – ambiental del delito. Presupuestos teóricos, políticos, y prácticos.
Clarke y otros, a partir de la década del ´70, en países de habla inglesa, han dado una acertada definición de lo que es la estrategia de prevención situacional – ambiental del delito: son “medidas dirigidas a formas altamente específicas de delito; que involucran el management, diseño o manipulación del ambiente inmediato en que estos delitos suceden; en un modo tan sistemático y permanente como sea posible; de forma tal de reducir las oportunidades de estos delitos; tal como son percibidos por un amplio conjunto de potenciales ofensores”1.
Esta definición, si bien es amplia, también nos habla de determinados elementos que componen este tipo de estrategia, como así también del modo en que la misma será puesta en práctica en el campo de la prevención del delito.
No es casual que se hable de “oportunidades de delitos”, “manipulación del ambiente inmediato”, o “formas altamente específicas de delito”. Lo que nos está diciendo, es que esta estrategia se aplica específicamente en ambientes específicos, para delitos específicos, y que irá variando su modo de intervención en el campo, de acuerdo a los diversos tipos de delitos que se den, como así también, al ambiente en el cual se dan estos delitos. Por lo tanto, si bien sus presupuestos teóricos y políticos se mantienen constantes, no pasa lo mismo con su modo de intervención práctico.
En correlación con el punto anterior, que vemos una gran mezcla de elementos que intervienen, los presupuestos teóricos (no desarrollaremos el tema en profundidad), también presentan gran variedad.
Siguiendo a diversos autores, pero entre ellos principalmente a Garland2 y Crawford3, uno de los presupuestos teóricos de esta estrategia es la “teoría de la elección racional”. Con esta teoría, se corta de alguna manera con la concepción de un sujeto delincuente anormal o con cierta patología, aduciendo que el mismo es un individuo que elige entre una serie de alternativas posibles a partir de un cálculo racional en el que considera las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, decide, y actúa libremente en consecuencia. Se aplicaría la fórmula económica “costo – beneficio” al campo de la criminología, aduciendo que el delincuente es un sujeto que evalúa los costos de su conducta criminal, y actúa en función de los beneficios que obtendrá de tal actividad delictiva. Es decir, el delincuente, “elige” cometer un determinado delito, en un momento determinado, y en un ambiente determinado.
Por otro lado, tenemos el “Designing out crime”, que tiene que ver específicamente con el ambiente en que se comete el delito, y no tanto con el sujeto delincuente. Esta corriente en la que se basa la estrategia de prevención situacional – ambiental, tiene como fundamento que el ambiente en el que se desarrollan determinadas actividades delictivas está íntimamente ligado a dichas tipologías de delitos que se comenten allí, y por lo tanto, el ambiente de alguna manera “facilita” la comisión de tales delitos. Según algunos autores4, “el diseño urbano, puede contribuir a la destrucción de la comunidad, la fractura de los lazos sociales en un determinado vecindario, generando las situaciones en que los habitantes pueden elegir racionalmente [en correlación al presupuesto anterior] realizar un delito, aprovechando las oportunidades criminales”.
Como vemos, el tema de la elección de la comisión de delitos, las oportunidades para tales fines, y el ambiente, son elementos recurrentes en esta estrategia que trataremos de entrelazar con los presupuestos políticos que atraviesan a la misma.
Por último, existe otro presupuesto teórico de esta estrategia, pero lo dejaremos de lado, ya que nos interesan a los fines del presente sólo los elementos enumerados en el párrafo precedente. Igualmente, para tener conocimiento, el presupuesto teórico restante es la “teoría de las actividades rutinarias”, que más que teoría, es un complejo entramado de diversos cuerpos teóricos, que muchas veces se superponen entre sí, generando confusión.
Entre los presupuestos prácticos, ya hemos dicho más arriba que esta estrategia se adecúa específicamente al ambiente en que será aplicada y al tipo de criminalidad que se pretende controlar, por lo que sus técnicas de intervención operativas irán variando de ambiente en ambiente, y de delitos en delitos, tratando de adecuarse a la idiosincrasia ambiental – delictiva donde tendrá lugar su intervención operativa.
Ahora bien, es común ver que entre las múltiples técnicas de intervención dentro de esta estrategia, encontramos el vigilantismo, las cámaras de seguridad, las alarmas, las estructuras edilicias cerradas, los barrios privados, patrullajes, mayor iluminación, etc.
No es casual, una vez más, que estas técnicas, sean las más reconocidas por el “mercado”; es decir, que la estrategia de prevención situacional – ambiental (y nos adelantamos un poco en el desarrollo del presente pero viene bien ir develando lentamente algunas cuestiones) trae aparejado un “gran mercado” de bienes y servicios propios del ámbito de la seguridad, de diversos valores, que pueden ser conseguidos por privados en dicho mercado.
A esta altura, llegamos al punto más interesante del presente, que son los presupuestos políticos de la estrategia de prevención situacional – ambiental del delito, que trataremos de analizar en profundidad en el siguiente apartado, luego de enumerarlos a continuación.
Garland5 sostiene que existe una interesante correlación entre los presupuestos políticos de esta estrategia y los fundamentos del neoliberalismo. En correlación con lo “adelantado” unos párrafos más arriba haciendo referencia a las técnicas de intervención de esta estrategia, se hace patente, que el traspaso del welfarismo al neoliberalismo, no sólo ha repercutido en lo económico – político, sino que en el ámbito de la seguridad o del control del delito, se ha visto una mutación que apunta en la dirección marcada por el neoliberalismo.
El neoliberalismo ha sido, y sigue siendo, una corriente política que impulsa un achicamiento por parte del Estado en lo que hace a sus funciones como garante de diversos derechos y servicios para con sus ciudadanos. Antes, con el welfarismo, el Estado era el responsable de proveer determinadas cuestiones a los ciudadanos. Con el neoliberalismo, vemos que dicho Estado no se hace responsable de determinadas cuestiones, entre ellas, el control del delito y la “seguridad”.
Por lo tanto, vemos que son los ciudadanos quienes en el “gran mercado” del ámbito de la seguridad y control del delito, deben comprar de manera privada sus diversas tecnologías y dispositivos de seguridad para reducir las posibilidades y potencialidades de ser víctima de determinados delitos.
Es así como el ambiente físico, de acuerdo a esta estrategia, se va modificando, en parte por la alianza del Estado con actores estatales de otros niveles, en parte por una alianza de éstos con privados, para controlar el delito y prevenir el mismo, en el seno de un mercado que tiende a intervenir no sobre las causas del delito, sino sobre sus efectos y sobre lo que algunos propugnan como “caldos de cultivo” de generación del delito.
Repercusión de estos presupuestos en el ciudadano.
Esta estrategia, así como ve al sujeto delincuente como alguien genérico y racional que elige cometer delitos, también ve a las potenciales víctimas como si facilitaran las situaciones en las que terminan siendo víctimas, responsables ellas de haberlo sido. El sujeto – víctima en esta estrategia, es un sujeto responsable de su condición, que no ha tenido en cuenta los recaudos necesarios para poder disuadir o prevenir la comisión del delito que lo convierte en tal.
Por otro lado, otro presupuesto implícito, tiene que ver con la responsabilidad de procurarse (no ya un derecho materializado por el Estado) un “bien” como es la seguridad y una serie de tecnologías que deberían garantizarla (alarmas, cámaras de seguridad, rejas, adecuación del ambiente que disuada la comisión de delitos y reduzca las posibilidades de ser víctima).
El neoliberalismo, y esta estrategia en correlación, impulsan una privatización de áreas y servicios antes provistos por el Estado. Los individuos racionales, ahora independientes, responsables de su “bienestar”, deben elegir cómo protegerse a sí mismos frente ante las vicisitudes de esta época que toca vivir, con sus correspondientes conflictos.
Por lo tanto, la responsabilidad de garantizar la seguridad y el control del delito, recae en el ciudadano principalmente.
La tesis de Garland.
Garland6 en su obra citada anteriormente, afirma que existen nuevos dilemas a tener en cuenta en lo que hace al control del delito, expuestos de manera muy liviana en la Introducción del presente.
Por un lado, tenemos que existe una normalización de elevadas tasas de delitos, es decir, que este incremento en las tasas delictivas que se viene dando desde hace algunas décadas, ya se toma como un hecho social normal. Se ha institucionalizado de una manera que ya no sorprende su incremento, sino que se ha normalizado toda la vida cotidiana en función del delito. O sea, que los ciudadanos (potenciales víctimas de delito) regulan su actividad diaria en función de tratar de reducir su exposición a potenciales situaciones en las que sean convertidos en víctimas de hechos delictivos.
Según sus dichos, “las tasas de delitos altas se han transformado en patrones reguladores, es decir, rasgos normales, más o menos inteligibles, de nuestras rutinas sociales y económicas que son difusamente considerados como elementos inevitables7de la normalización.
Parece ser que el neoliberalismo no sólo ha traído un corrimiento del Estado como garante de múltiples servicios, sino que también ha traídos innúmeros problemas que al final, tal vez dejan de serlo para los ciudadanos, ya que se naturalizan, se institucionalizan, y terminan regulando la vida social, los comportamientos, y el modo de conducirse en sociedad y de relacionarse.
El otro dilema al que hacíamos alusión al comienzo del presente punto, tiene que ver con que se han comenzado a reconocer los límites de la Justicia Penal para el control del delito.
Según el mencionado autor, este dilema hace referencia a la percepción que ha comenzado a tener esta Institución por parte de los ciudadanos, sus trabajadores, y el Gobierno político.
Se ha comenzado a gestar toda una serie de cuestionamientos acerca de su accionar, de las leyes penales, de los mecanismos establecidos para la ejecución penal, alegando que la Justicia Penal ya no cumple con la función que debería cumplir, que es lenta, y por lo tanto, ineficaz. De ahí, que se propugnen varias voces a favor de la pena de muerte, la baja de la edad de la imputabilidad, y en definitiva, el endurecimiento de las leyes penales (sin darse cuenta de la paradoja que plantea este requerimiento).
La confianza que existía en el sistema de Justicia Penal está tambaleando, lo cual hace peligrar el Estado de Derecho que sostiene la cohesión social de toda sociedad.
Dos respuestas frente al mismo problema.
Ahora bien, expuesto este dilema problemático que presenta la modernidad tardía, y en definitiva, el neoliberalismo, el Estado presenta dos tipos de respuestas frente a este escenario, a veces antagónicas, a veces perfectamente conjugables.
Por un lado, según Garland, el Estado presenta una respuesta denegatoria. Frente a lo que aparece en forma bastante evidente, los actores estatales involucrados parecen negar rotundamente esta realidad, tratando de incrementar o enfatizar la utilización de ciertas viejas técnicas de intervención, vinculadas a la severidad y a la punitividad, generando una marcada politización de la Justicia Penal y del control del delito, zanjando aguas entre los “buenos” y los “malos” de la sociedad, propio de la criminología del otro.
En otro orden de cosas, existe una respuesta adaptativa. Se trata de un tipo de respuesta estatal que frente a la situación difícil que genera la crisis de la inseguridad y del control del delito, intenta innovar. Esta respuesta, es de una marcada heterogeneidad, ya que coexisten en la misma desde comercialización de la justicia y el control de delito, hasta la instalación legal de mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad.
En nuestro ámbito, es la primera acepción de la segunda respuesta la que más viene ganando terreno, ya que como vimos al comienzo del presente, la tendencia apunta al corrimiento del Estado en lo que hace a garantizar seguridad, y por lo tanto, controlar el delito.
El dilema político de la estrategia situacional – ambiental.
Ya hemos visto un desarrollo más o menos acabado de esta estrategia. También hemos visto los diversos dilemas que atraviesa el Estado frente a la situación actual de control del delito.
Ahora bien, la estrategia de prevención situacional – ambiental, teniendo en cuenta los tipos de respuesta que presenta el Estado frente a la problemática de la inseguridad en el marco del neoliberalismo, se posiciona como el mejor dispositivo para hacer frente al mismo y gestionar su control.
El gran dilema ahora, es para el Estado, cómo hacer para transmitir la responsabilidad de garante de la seguridad hacia ciertos actores nuevos, que antes nada tenían que ver con el ámbito de la gestión de la seguridad pública; cómo congeniar a actores del ámbito privado, del ámbito estatal, y del ámbito mixto, en pos de lograr una unidad de acción que logre combatir y controlar el delito.
Según Garland8, “el objetivo fundamental es distribuir responsabilidades en materia de control del delito en agencias, organizaciones, e individuos que operan fuera de la Justicia Penal Estatal y persuadirlos de actuar apropiadamente”.
El Estado se ha mostrado ineficaz para el control del delito, y por tal motivo, la respuesta que tiene frente al problema de la inseguridad, es precisamente ésta que estamos comentado: una respuesta adaptativa, que implica un achicamiento en sus responsabilidades, una transmisión y traspaso de las mismas hacia la sociedad, hacia agencias privadas, y en definitiva, hacia alianzas mixtas, donde más que soluciones, busca generar una buena imagen y una buena gestión en lo que hace al control del delito.
Conclusiones.
El neoliberalismo no sólo ha traído modificaciones en el ámbito del estilo de gobierno, en la economía, y en modo de gestionar el control del delito. Lo más importante, creo yo, es que ha generado una nueva cultura del delito que rige el modo de conducirse en la vida cotidiana, que se ha naturalizado, y que en definitiva, ha generado un nuevo tipo de subjetividad, propio del “neoliberalismo punitivo”.
Esta nueva subjetividad, presenta rasgos desconfiados, en repliegue sobre ambientes controlados, cerrados, en constante separación de “extraños” y apareamiento con semejantes, para dar la ilusión de “seguridad” propia del welfarismo.
Ahora bien, ¿cuál es el costo de esta nueva subjetividad? ¿Cuál es el costo político para un Estado (en sentido amplio)? Y lo más preocupante, ¿cuál es el futuro de todo esto?
Seguramente habrá que esperar mucho tiempo para poder responder estas preguntas, pero cada vez, se puede ver una tendencia hacia la auto – exclusión por parte de ciertos sectores de la sociedad que buscan lugares y ambientes controlados, exclusivos para determinado tipo de población. Pero más allá de esto, vemos cada vez una creciente privatización de los conflictos, donde el Estado en determinado momento ya no podrá intervenir, y volveremos a la vieja noción de “daño” (antecedente del delito moderno), donde el Estado no será más que órgano de contralor y árbitro del proceso que se celebre entre las partes.
La cohesión que impone la Ley a toda sociedad, por sobre todas las cosas, debe regular el intercambio y comercio social, para que no se genere un Estado del todos contra todos, propio de la producción Hobbsiana.
Bibliografía.
Garland, David: La cultura del control, Editorial Gedisa, Bs. As., 2005.
Sozzo, Máximo: Inseguridad, prevención, policía, FLACSO, Quito, 2008.
1 Citado en Sozzo, Máximo: Inseguridad, prevención, policía, FLACSO, Quito, 2008.
2 Garland, David: La cultura del control, Editorial Gedisa, Bs. As., 2005.
3 Citado en Sozzo, Máximo: ídem.
4 Coleman, citado en Sozzo, Máximo: ídem.
5 Garland, David: ídem.
6 Garland, David: ídem.
7 Las cursivas son mías.
8 Garland, David: ídem
Bibliografía
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