Resumen
El Estado como asociación de estructura jurídica de los individuos, es creado mediante el pacto social, a efecto de procurar y mantener el orden mediante diversas instituciones del poder político, con las facultades coercitivas que el Derecho le enviste, pero que además debe apoyarse en la sociedad civil. El Estado a través del poder político, está obligado a garantizar la seguridad en todos sus ámbitos: jurídica, pública, nacional, etcétera.
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Eminentemente el “ser-antisocial”, reniega al sometimiento de la norma jurídica emanado del poder político con legitimidad y aplicación irrestricta. Cuando el “ser-antisocial” opta por desafiar la norma jurídica, obrando de manera ilícita, concretamente rompiendo con la norma jurídica penal, da surgimiento a una categorización central del “ser-antisocial”: el “ser-antijurídico; siendo este, el punto toral de la Filosofía Criminológica, pues como fenómeno social, es una afectación nociva, que puede hacer “tambalear” al Estado, al mismo tiempo que el “ser-antijurídico” evoluciona hacia el “Homo Criminis”, el cual se caracteriza por contar con una organización jerárquica, con la que ejerce su poder sobre la sociedad y contra el poder político, sin importarle el bien común, que es el fin último del Estado.
Es menester señalar que la actitud irracional y racional nociva del “ser-antisocial”, es anterior a la formación del Estado, es decir, el “ser antisocial” ha sido motivador en su creación. Sin embargo, como resultado inmediato de la evolución del “ser-antijurídico” hacia el “homo criminis”, este va “carcomiendo” desde sus entrañas al Estado, provocando en este un caos, en el que el Estado Fallido sustituye al Estado de Derecho, corrompido por el deterioro de los “aparatos ideológicos y represivos” que lo conforman, cediendo ante el avance del “homo criminis”, estableciendo un nuevo orden en tópicos determinados, en los que ejercen un poder factico ante el debilitamiento del legitimo poder político, -emanado de una democracia disfuncional- al cual invade como un cáncer, con intimidación y corrupción de los integrantes de los aparatos de Estado.
El Estado debe ejercer la autoridad que el Derecho le concede, para que por medio de su aparato ideológico, restrinja la proliferación del “ser-antisocial”, el cual florece en una cultura de la ilegalidad, en la que la “axiología cultural” está constituida por aspectos como la riqueza y la “valentía”, pero que además cuenta con una base tanatológica cada vez más desbordada. Tales “valores” integran la psique del “homo criminis”, permitiéndole al sujeto acceder a dichos “valores” de manera casi inmediata, y para lograrlo están dispuestos a privar de la vida a quien les represente un obstáculo, inclusive en ciertos casos esto es fuente de satisfacción sádica, saciando así su “sed” de “valentía”, poder y muerte.
El Estado en su carácter normativo es un sistema jurídico. En este contexto el Estado no admite contradicción al principio supremo de su existencia, consistente en que por su mera esencia existe sobre los individuos que lo conforman, ejerciendo su facultad legitima: de que toda fuerza que obliga, debe emanar de éste, siempre con miras a lograr el bien común. Sin embargo, la disfunción del aparato ideológico del Estado, provoca que dicha fuerza coercitiva sea endeble, que se encuentre al borde de convertirse en un Estado Fallido sin la fuerza suficiente, para encausar a sus miembros hacia la legalidad en pro de alcanzar el fin último del Estado.
En tal latitud de ideas, el “ser-antisocial”, con su desafío incesante al carácter normativo del Estado, lo repliega hacia la ilegalidad: como valor supremo del acontecer cotidiano de sus miembros; siendo esta la única forma que conoce de conducirse y de ejercer su libertad en detrimento de los derechos de los demás, albergándose de manera parasitaria en la Estructura del Estado, debilitándolo hasta el extremo de tener la necesidad de hacer uso pleno del aparato represivo, compuesto por la fuerza pública. Empero, esto no es lo central de la incesante contienda del Estado y el “ser-antisocial”. En este punto, lo imperante es que el aparto ideológico (constituido por la familia y la escuela principalmente), actúen de manera complementaria con el aparto represivo. Solo así habrá posibilidades de lograr que el Estado se mantenga y que además ejerza la autoridad que le confiere la norma surgida del ejercicio del poder político.
Bibliografía
Licenciado en Derecho con Estudios en Psicología Educativa
