Resumen
Lo peor que puede ocurrir en un asunto tan serio y sensible para los españoles como el terrorismo es que nos tomen el pelo. A estas alturas de la película, creo que a nadie le cabe ya la menor duda de que el Gobierno está negociando con la banda terrorista ETA las condiciones para para su disolución. A fecha de hoy, se espera de manera inminente un comunicado de la banda criminal anunciando públicamente el cese definitivo de su actividad terrorista.
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Lo primero que llama la atención es que un Gobierno democrático negocie con una banda de criminales. Si es impresentable la negociación con el cártel de Cali, con los violadores del Example o de Pirámides, con Al Qaeda o con el asesino de la catana, no lo es menos negociar con los terroristas de ETA. No hay ninguna diferencia. Los terroristas cometen delitos y el Gobierno lo único que tiene que hacer es detenerlos y ponerlos a disposición judicial. Nada más y nada menos. Sin chivatazos perturbadores.
Se intenta engañar a los ciudadanos enviando el mensaje de que estamos inmersos en un "proceso de paz". La perversa utilización del lenguaje se pone así al servicio de intereses espúreos porque difícilmente se puede hablar de un proceso de paz allí donde no hay ninguna guerra. ¡Qué importante es la semiótica! Los terroristas de ETA son delincuentes puros y duros y el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Penitenciaria nos ofrecen los mecanismos apropiados para aplicarlos a su estatus jurídico, el estatus de los delincuentes violentos.
Pone los pelos de punta imaginar las contrapartidas que el Gobierno ofrece a ETA a cambio de su disolución. Algunas ya las estamos viendo. Bildu ostenta la alcaldía de San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa y numerosas alcaldías en la Comunidad Vasca. Han conseguido poder político, económico e información de los datos de las personas físicas y jurídicas a traves de los programas informáticos de Hacienda. Los terroristas al poder. Claro que si están ahí es, en gran medida, porque los ciudadanos les han votado. Como a Hitler en 1933.
Es cierto que la Ley de Partidos Políticos es injusta. En un Estado de Derecho hay que dejar que se presenten a las elecciones a todas las formaciones políticas que lo deseen. También es cierto que la Doctrina Parot es inconstitucional porque sencillamente obvia el contenido de los arts. 100 y 77 del Código Penal, Texto refundido de 1973, aplicable a los terroristas cuyos delitos se cometieron antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Por lo tanto, es justo que a Bildu o a Sortu se les permita concurrir a las elecciones y también es justo que los terroristas salgan de la cárcel cuando, con la ley en la mano, han cumplido sus condenas. Pero a nadie se le escapa que las contrapartidas ofrecidas por el Gobierno no se circunscriben a estos dos puntos.
Puede parecer ciencia ficción que en la mesa de negociaciones se hayan tratado asuntos como la amnistía de los presos, la anexión de Navarra al País Vasco, la compensación económica a los terroristas que van a ir "al paro", el indulto a Arnaldo Otegui para que pueda presentarse a las elecciones autonómicas como candidato a lendakari, y barbaridades similares que no son invento de quien redacta estas líneas. Muchas de estas "propuestas" figuran en las actas incautadas por la Policía a los terroristas y de cuya credibilidad no cabe dudar porque quien las poseía fue detenido por sorpresa y su domicilio fue registrado por orden judicial por lo que no se entenderían los móviles de una supuesta falsificación.
Se nos va a intentar vender la disolución de ETA como un éxito del Gobierno. No nos podemos dejar manipular. El éxito sería que la Policía desmantelara por completo a la banda asesina y detuviese a todos sus miembros y el colofón al éxito sería que Bildu o Sortu se presentasen a las elecciones y no sacasen ni un diputado ni un concejal. Pero llegar a un acuerdo que incluye mutuas contrapartidas con una banda criminal que desde 1968 ha acabado cobardemente con la vida de casi mil personas, que ha dejado postradas con lesiones y secuelas irreversibles a miles de gentes de bien, que ha secuestrado a ciudadanos, que ha extorsionado y robado con intimidación a cientos de empresarios grandes y pequeños y que ha sembrado el terror y el odio en la sociedad, es sencillamente inmoral, rastrero y repugnante. El único acuerdo que cabe con las bandas criminales debe circunscribirse a dónde y como se van a entregar a la Policía y dónde han depositado las armas.
El cese de la actividad terrorista de ETA no puede ni debe conseguirse a cualquier precio porque los ciudadanos, como víctimas que somos todos del terrorismo, exigimos eficacia policial al Gobierno y justicia a los Tribunales. La Política ha alcanzado niveles superlativos de perversidad y la Psicología de masas se ha convertido en un arma poderosísima que, hábilmente utilizada, reporta importantes réditos a quienes manejan los hilos de los guiñoles. ¿Alguien se ha preguntado por qué el movimiento 15-M nada dice respecto a este asunto? ¿Por qué no se manifestaron en la puerta del ayuntamiento de San Sebastián cuando tomó posesión el nuevo alcalde de Bildu? Debe ser que el pasteleo entre el Gobierno y ETA les parece perfecto. Llegados a este punto, sólo faltaría que ETA anunciase su disolución el 19 de noviembre, en la jornada de reflexión antes de las elecciones generales. Conociendo a los protagonistas de este trhiller no sería nada raro.