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Indul(sul)tando que es corrupto, digo gerundio
Resumen
Leemos estos días en los medios de comunicación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado suspender la ejecución de la condena impuesta al exalcalde de Torrevieja, condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación en la adjudicación de contratos, en tanto el Gobierno resuelva la petición de indulto formulada.
Hasta ahí todo normal, pues es habitual que cuando las condenas son inferiores a cinco años de prisión los tribunales accedan a su suspensión en tanto se sustancian las peticiones de indulto.
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Lo que no resulta muy normal es que 45 diputados de su partido hayan firmado la petición de indulto, algo que tiene difícil explicación ante la opinión pública, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de ellos hayan sido incapaces de dar la cara ante la prensa para justificar su decisión, y que es una evidencia más del nivel de tolerancia que existe entre los políticos españoles ante los casos de corrupción política, que sienten más como una persecución mediática que como un hecho vergonzante e inhabilitante para la cosa pública. Quizá los partidos, en esa cruzada verbal que permanentemente hacen contra la corrupción, el transfuguismo y otras habilidades que cada vez más a menudo vamos conociendo utilizan los políticos para mantenerse en el poder y usar de él como quien usa sus objetos personales sin sentir la necesidad de dar explicaciones a quienes en ejercicio de un “deber” (así parecen entenderlo) les votaron, y digo deber porque nadie nos reconoce el derecho a elegir a nuestros políticos, sólo al partido que nos gobernará. Tal vez unas listas abiertas permitirían que todos aquellos que se han comportado de forma amoral, inmoral o con apariencia delictiva (dígase imputados) sientan el rechazo de los ciudadanos, ya que la mayoría de ellos no sentirán el rechazo de su partido que seguirá situándolos en las listas.
El sistema democrático español está plagado de heridas, algunas tan profundas que resulta insultante oír a los políticos que no entienden el descrédito de que gozan, ellos que trabajan abnegadamente para conseguir un puesto en un consejo de administración cuando su carrera política toque a su fin, o que hasta no hace mucho podían compatibilizar varias retribuciones, llegando a percibir mensualmente cantidades vergonzantes de dinero público, con el único mérito de haber pasado de la universidad al escaño sin haberse inscrito como demandante de empleo, o que hoy que es preciso disminuir el déficit público e incrementar los ingresos del Estado para que Europa deje de mirarnos como lo que somos (nos tienen calados), sigan escaqueando parte de sus ingresos a la hacienda de todos por una ley tan tolerante con los poderosos y los ricos (ponga una SICAV en su vida o tenga una idea “preferente”) como despiadada con los que han perdido su trabajo (y su piso) o sus ahorros aconsejados por avispados bancarios, hoy “víctimas” de unos jueces acosadores. Acciones fuenteovejunescas como las de los diputados valencianos aumentan ese descrédito y hablan por sí solas de sus principios grouchianos (si no nos gustan tienen otros), pero también saben que la política del avestruz hará que todo pase y nada queda, porque lo suyo es pasar, pasar haciendo fortuna, fortuna sobre la moral.
Pero esta no es la cuestión pues, al fin y al cabo, contra el vicio de pedir la virtud de no dar y es el Gobierno el que tiene que decidir y quien demostrará cuáles son sus principios y si tiene otros distintos a los que vende a los cuatro vientos. La tolerancia cero, tan esgrimida para llenar las cárceles de conductores ebrios, no parece ahora que pueda verse afectada en estos casos por causa alguna de justificación y la corrupción no debe merecer el perdón de los amigos, ya que no tiene el de los ciudadanos que son quienes han dado el trabajo a sus amigos.
Aunque el indulto se ha convertido en nuestro país en un motivo de insulto, por la utilización que de él se ha hecho (tanto desde la derecha como desde la izquierda), librando de sus condenas tan merecidamente ganadas, como escasas a veces, a personas por delitos de lo más abominables.
O hay algo más abominable en un estado de derecho que un juez prevaricador, que un policía torturador o que un político corrupto, todos ellos indultados, algunos no hace mucho, como el ex alcalde de Valle de Abdalajís (Málaga) condenado por nueve delitos de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004 e indultado en 2012. Junto a él fueron indultados también tres concejales.
También en noviembre de 2012 fueron indultados cuatro mossos d'esquadra condenados por torturas, conmutando las penas de prisión por multas, indulto contra el que 200 jueces firmaron un manifiesto donde denunciaron que «esta decisión política es indigna y supone un atentado contra la independencia de la justicia», «supone una decisión impropia de un sistema democrático de derecho» y consideran que es «ilegítima y éticamente inasumible». Conceder el indulto en esas circunstancias «supone hacer un uso grosero y desviado de la institución».
Este año el Tribunal Supremo anuló el indulto concedido a un conductor kamikace condenado a 13 años de prisión por delitos de conducción temeraria, homicidio y lesiones. El indulto le había conmutado esa pena por una multa de 4.380 euros.
También el Tribunal Supremo “tumbó” el indulto concedido por el anterior gobierno a un afamado banquero condenado por acusación y denuncia falsa.
En tiempos de Aznar también fue indultado un afamado juez condenado por prevaricador, quizá el delito más vergonzante por el que puede ser condenado un juez.
El indulto, medida excepcional, se ha convertido en nuestro país en algo cotidiano, y entre 1975 y 2012 se ha concedido una media de más de un indulto diario. En todos los gobiernos se han dado situaciones similares y grandes escándalos como Filesa, Malesa, Time Export, Gal, Fondos Reservados, también probaron las mieles del perdón.
Algunos dicen, en ese intento de poner en valor la política, que un garbanzo no estropea un cocido y que por un político corrupto no se puede desprestigiar al resto, personas honradas (yo así también lo creo), pero si un garbanzo negro se puede apartar y el cocido seguir siendo un placer para el paladar, cuando estamos ante un guiso de setas, donde se han mezclado unas deliciosas con otras venenosas, la única forma de no morir es tirarle todo a la basura y hacer uno nuevo con diferentes materias primas.
Pero como eso no va a ocurrir, se me ocurre, sin querer molestar ni ofender, que tal vez vaya siendo hora de que sus señorías encuentren un hueco entre ley de seguridad, de educación, de aborto, de regeneración democrática (prohíbe hacer trampas jugando al solitario), la cadena perpetua revisable, y yo qué se que más cosas hacen en un sitio donde algunos se pasan años sin intervenir, y se pongan a trabajar en hacer una ley de indulto. Vale que algunos puedan pensar que la actual es buena, sino no es posible que haya durado tanto (es la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, ligeramente modificada en 1988), pero cuando la mayoría de los juristas se empeñan en decir que se necesita una nueva, tal vez sería mejor hacerles caso. Cuando quieren son capaces de darse prisa. No hay más que recordar su estampida en el pasado puente del uno de noviembre, o ponerse los viernes a las puertas del Parlamento Europeo a ver como sus “primos” fichan la salida nada más entrar, aunque viendo las medidas que se tomaron en este último caso muy preocupados no estarán.
Bibliografía
Segovia (Castilla y León | España 1965).
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.
Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.
Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.
Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.
Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).
Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.
Libros publicados:
- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.
- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.
- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.
- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”, Editorial La Ley, Madrid, 2011.
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