Los niños robados del franquismo

Resumen

Mucho se está hablando estos días sobre los niños robados en nuestro país, una noticia que indigna y enfada a partes iguales a todo aquél sensibilizado con el dolor ajeno y propio.

Los resultados judiciales que estas familias enajenadas de sus hijas e hijos están obteniendo es nulo, lo que hace el sufrimiento más atroz, los jueces y la fiscalía no quieren remover un asunto que va más allá de médicos y monjas, brazos ejecutores de una política que hunde sus raíces en las estrategias más despiadadas desplegadas por el régimen franquista.

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Durante la dictadura los niños se convirtieron en el más vulnerable sector de la población sobre el que el gobierno absolutista extendió sus brutales tentáculos; aparte de soportar y resistir el hambre, la enfermedad, el maltrato y el hacinamiento en las cárceles también sufrieron la pérdida respecto a sus familias pues cuando los niños pasaban de la edad de tres años las madres tenían que separarse de ellos y a la angustia de la separación había que añadir la de saberlos en organizaciones de la Falange que los educaban en las ideas contra las cuales sus padres habían luchado, llegando a sufrir incluso torturas y muerte; y es que cuando no existían familiares que pudieran hacerse cargo de ellos, los niños eran dados en custodia a la Sección Femenina de la Falange que actuaba en el Auxilio Social y en particular a los Patronatos de Redención de Penas, organizaciones elegidas para educar a los hijos de los detenidos.

En 1943 se calcula que había 10.675 niños acogidos en instituciones de distinta índole, aunque según el libro de Ricard Vinyes, entre 1944 y 1945 se contabilizaron por el Patronato de San Pablo 30.000 menores hijos de encarcelados y exiliados, a este número hay que añadir los 12.000 niños que estaban bajo la tutela de la institución predecesora, el Patronato de la Merced.

Muchos niños jamás volvieron a ver a sus padres, algunos de ellos –especialmente niñas– ingresaron en órdenes religiosas para expiar los pecados de sus progenitores, además para los centros religiosos suponía una fuente de ingresos ya que el Estado pagaba cuatro pesetas diarias por cada plaza de hijo de preso, gasto que era costeado por los propios reclusos ya que se lo deducían del salario que cobraban por su trabajo en prisión, también el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, tenía una partida presupuestaria que servía para subvencionar los estudios religiosos de los hijos de los presos. Muchas mujeres encarceladas se convencieron (y/o las ayudaron a convencerse) de que los estudios que proporcionaban las instituciones religiosas y el Patronato eran la mejor salida para sus hijos e hijas, aún a riesgo de perderles para siempre, así sucedió que alejadas por un tiempo de sus hijos, fueron repudiadas después por los mismos por su pasado, resultado de una educación manipuladora e interesada.

En noviembre de 1940 el Ministerio de Gobernación legisló sobre los llamados huérfanos de guerra y que afectaba a los hijos de padres fusilados o desaparecidos: exiliados, olvidados en las cárceles, fugitivos y clandestinos; en el decreto se precisaba que a las instituciones de beneficencia se les encomendaba la guarda y dirección de los huérfanos y que sólo podían obtener la tutela de esos niños personas irreprochables desde el punto de vista religioso, ético y nacional, es decir, familias adeptas al régimen, lo que tenía una significación política bien distinta de la de sus padres encarcelados.

El 4 de diciembre de 1941 se emitió una ley que permitía que todos los niños que no recordaran su nombre, hubiesen sido repatriados o cuyos padres no lograran ser localizados pudiesen ser inscritos en el Registro Civil con un nombre distinto, esto facilitó que los hijos de los reclusos, fusilados y exiliados pudieran ser adoptados de forma irregular. Una vez más los niños se convirtieron en instrumento ejecutor contra sus propios padres los cuales debían elegir entre correr el riesgo de perderlos para siempre o entregarse a una justicia partidista y pretenciosa que los condenaría a una muerte casi segura, perdiendo a sus hijos en los mismos entresijos legales de los que habían intentado librarlos.

Esta práctica contra los hijos de los republicanos se extendió durante toda la dictadura franquista, avalada por la tesis eugenista del doctor Vallejo Nágera y concretada en el principio de segregación total, al llegar la transición y con ella la reforma de la institución penitenciaria aquellos que venían practicando esta monstruosa costumbre tuvieron que buscar “otro campo en el que recolectar niños que entregar a familias irreprochables nacional religiosa y éticamente hablando”, así se hicieron con las voluntades de mujeres jóvenes, madres solteras, familias sin recursos, prostitutas y todas aquellas madres y padres que no consideraran idóneos para la crianza de un hijo. Médicos y religiosas se convirtieron en juez y parte de familias a las que no conocían, arrebatándoles el amor y la esperanza, compraron con engaños y miedo, futuro e ilusión, convirtiendo a los niños en mercancía que vendían para su propio beneficio económico y personal, todo ello a través de un sistema que les fue legitimado durante años y que nadie se atrevió (hasta ahora) a rebatir y denunciar.

En 2006 el Consejo de Europa ofreció el primer reconocimiento internacional a los hijos de las presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados.

Por todos aquellos niños que se perdieron, por todos aquellos menores que se buscan, por todas aquellas familias que nunca olvidaron, luchemos por acabar con la impunidad y el olvido, luchemos por un final que nos otorgue dignidad a todos.

– Vinyes, Ricard; Armengou, Montse y Belis, Ricard: Los niños perdidos del franquismo. Ed. Plaza y Janés, 2002.

– Documental Los niños perdidos del franquismo: http://www.youtube.com/watch?v=c05-psMgiHU

Bibliografía

Ruth Alvarado Sánchez

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Doctora en Sociología, especializada en desviación social y género.

Especialista en Investigación Criminal.

Apasionada de la justicia y la igualdad.

Intentando continuar la estela de las grandes mujeres y excepcionales penalistas Doña Concepción Arenal y Doña Victoria Kent en la creencia de que el delincuente (y la delincuente) es una persona y por ello su comportamiento y sus necesidades deben ser estudiados, conocidos y de ser posible (en la medida de lo posible) dar una respuesta y solución.