Los trajes de Camps y las amistades peligrosas

Resumen

El Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, siempre luce un aspecto impecable. Su piel reluce en un permanente bronceado más caribeño que mediterráneo. Su aspecto revela la práctica regular y moderada de ejercicio físico. En cuanto a su forma de hablar, me recuerda a esos sacerdotes que van de modernos y que castigan a los feligreses con homilías inacabables y ausentes de contenido. Es un tipo elegante, siempre viste americana y pantalón conjuntados y su cuello lo adornan corbatas de seda discretamente llamativas.

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Lo que no sabíamos los ciudadanos es que esos trajes, o al menos tres de ellos, le han sido presuntamente regalados por un ciudadano a quien Camps considera su "amigo del alma". Tan distinguido amigo es nada más y nada menos que Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", honrado empresario que al parecer se ganaba modestamente la vida consiguiendo millonarios contratos con la Administración Pública para un tal Francisco Correa y una sociedad llamada Orange Market. Francisco Correa lleva más de dos años en prisión preventiva esperando juicio. Está imputado, entre otras cosas, de cohecho y blanqueo de capitales. "El Bigotes" debe su alias al mostacho que lucía y que recuerda las imágenes impresas en los libros de los políticos deminonónicos de la Restauración. También está imputado por, entre otras delitos, cohecho y blanqueo de capitales. Este honrado empresario presuntamente obtenía algún que otro millón de euros por sus gestiones con la Administración.

Desde el Partido Popular se viene diciendo que el aceptar tres trajes de regalo en modo alguno puede considerarse una conducta delictiva y que para nada debe afectar a la carrera política del broceado presidente. Vamos a ponernos serios.

Evidentemente, el Presidente de la Generalidad Valenciana puede recibir regalos, como cualquier otra persona, e incluso puede recibirlos en atención a su cargo. Pero estos regalos deben cumplir al menos dos requisitos para no ser política o penalmente censurables: en primer lugar, la entrega de esos regalos debe ser pública de manera que cualquier ciudadano pueda conocer el regalo y la identidad del donante, y, en segundo lugar, el valor económico de la dádiva ha de ser modesto, casi simbólico. Ninguno de estos dos requisitos se cumple en el caso de Camps. El regalo se entrega de manera privada, prácticamente clandestina y el valor de los trajes, al parecer, supera los 12.000 euros.

El Presidente de la Generalidad Valenciana es libre para elegir a aus amigos, como cualquier otra persona, pero el cargo que ocupa le obliga a intimar con personas honradas, al menos aparentemente. "El Bigotes" es un presunto delincuente que desempeñaba su actividad precisamente relacionándose con las Administraciones Públicas. ¿Qué ocurriría si se descubre que el Presidente del Gobierno es "amigo del alma" del presunto jefe de un cartel de la droga? Y la comparación que hago es plenamente intencionada. El tráfico de drogas no es un delito violento, el cohecho tampoco, y las penas que llevan aparejadas ambas infracciones son similares.

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Francisco Camps está imputado judicialmente por un delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el art. 426 del Código Penal según la redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La pena que lleva aparejada este delito es de multa. No es, por tanto, un delito grave. Pero lo cierto es que Camps está a la espera de la celebración de la audiencia preliminar prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en la que se dilucidará si se abre o no juicio oral contra él. Si finalmente se abre juicio oral, el veredicto del caso será dictado por un jurado popular.

Mientras tanto, el broceado y elegante presidente, desafiando las más elementales normas de ética política, se vuelve a presentar a las elecciones ante la pasividad o complacencia de los dirigentes nacionales de su partido político. Se mofa así de los propios ciudadanos valencianos porque Camps sabe a ciencia cierta que va a ganar las elecciones muy holgadamente, lo que dice muy poco, por cierto, de la actividad desplegada por el partido de la oposición. Puede ser el primer presidente de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo de los acusados juzgado por hechos relacionados con su función.

Francisco Camps puede ser absuelto o condenado. Es cierto que la gravedad del delito que se le acusa no es proporcional con la repercusión pública de su instrucción y enjuiciamiento y es cierto también que el caso de los trajes de Camps no es comparable en su gravedad con otros muchos casos de corrupción pública que asolan el mapa autonómico y municipal español. También es verdad que la Fiscalía está poniendo especial celo en la investigación de estos hechos cuando obvia por completo la de otros mucho más graves. Pero también es cierto que el máximo y único responsable de la situación es el propio Camps. Primero por tener amistades peligrosas, segundo por aceptar regalos de ellas y tercero por no presentar la dimisión a la espera de la resolución judicial del caso. Si finalmente fuese absuelto, podría volver a la política plenamente triunfador jurídica, política y éticamente. Desgraciadamente no es así. El verbo dimitir no se conjuga con facilidad por los políticos españoles. Si es condenado lo único que podemos esperar es que pague la multa, aunque sea a plazos. Mientras tanto, tendremos que seguir soportando sus sermones