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No basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo
Resumen
Algunas ideas para parecerlo
Según cuenta Plutarco en sus "Vidas paralelas", un rico patricio romano estaba enamorado de Pompeya, la mujer de Julio César, y aprovechando una fiesta se coló disfrazado en la casa de éste, siendo descubierto, apresado, juzgado y condenado por la doble acusación de engaño y sacrilegio. Como consecuencia de este hecho, César reprobó a su mujer, a pesar de estar seguro de que ella no había cometido ningún hecho indecoroso y que no le había sido infiel, pero afirmando que no le agradaba el hecho de que su mujer fuera sospechosa de infidelidad, porque no bastaba que la mujer del César fuera honesta, también tenía que parecerlo.
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Con el tiempo la frase “no basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo", se utiliza para referirse a los casos en que alguien es sospechoso de haber cometido alguna ilicitud, aún cuando no haya dudas sobre su inocencia.
En la España actual está frase cobra plena vigencia y en su “clase política” (que negativas connotaciones está adquiriendo esta expresión) en particular, cuyas cotas de popularidad nunca han estado en unos índices tan bajos, y no porque no hayan invertido (nuestro dinero) en promocionarse, no dudando en crear y mantener unos medios de comunicación tan caros como innecesarios para garantizar la libertad de información y la pluralidad de ideas (es curiosa la sensación de corporativismo que trasladan los medios privados pasando muy de puntillas sobre este tema cuando nos ilustran sobre la mala gestión de los fondos públicos, pero ese es otro tema, no se desvíen ustedes).
En estos días en que el movimiento de indignados 15-M (en menos de un mes ya tiene su sitio en wikipedia) lucha contra la injusticia social y pide cambios profundos “a” y “en” la clase política, la constitución de las nuevas corporaciones locales y parlamentos autonómicos, está permitiendo llenar de combustible los depósitos de estos jóvenes (al menos de espíritu), que acampan en las principales plazas públicas para expresar su indignación y despertar las conciencias dormidas de quienes nos sentíamos confortablemente instalados en un sistema de vida que con la crisis se ha demostrado que no era “sistema” y que la “vida” que nos proponía era más virtual que real, pagada con un dinero de plástico que se ha quemado dejando unas cenizas difíciles de limpiar.
Ayer veía en una televisión nacional que las Cortes Valencianas “celebraron” su constitución con un vino español que costó 18.000 euros. De ser verdad, sería una ofensa más a una ciudadanía que lucha por pagar la factura de una crisis que no creó, pero a la que han endosado facturas que no iban a ella dirigidas. ¿Qué había que celebrar? ¿No pudieron abrir la cafetería de las Cortes y que cada cual pagara lo que consumiera e invitara a quien le apeteciera? Si los precios son como los del Congreso tampoco tendrían que rascarse mucho el bolsillo.
Un día antes, el miércoles, en la tertulia de jóvenes del programa “La Ventana” de Gemma Nierga, oí a uno de los tertulianos como relataba con ilusión su próxima toma de posesión como concejal en el ayuntamiento de su pueblo, un municipio cuyo nombre no recuerdo, pero si que ronda los 50.000 habitantes y que su alcaldesa cobra más que el presidente del Gobierno.
En un momento de crisis como el actual, con unas comunidades autónomas que incumplen con sus deberes para la contención del déficit, con unos ayuntamientos endeudados más allá de sus posibilidades y que han llevado a la quiebra a cientos de empresarios por no pagarles lo que les deben (sigo pensando que debería ser delictivo encargar obras o suministros si no se cuenta con el dinero para ello y que quien lo hace debería responder con su patrimonio), ejemplos como estos hacen que los ciudadanos nos sintamos lejos de ellos y exijamos un cambio radical, algo que por otra parte sólo es posible desde dentro del sistema (el cómo hacerlo es el gran dilema para el movimiento de indignados).
Por ello creo que nuestros políticos, ¡qué clase la suya! (no se si lo digo con admiración, con envidia o con sarcasmo), además de ser honrados, que seguro que lo son aunque a veces algunos no lo parezcan (creo en la presunción de inocencia como un principio y un valor fundamental de nuestro sistema) deben parecerlo y para ello algunas reformas podrían contribuir, como por ejemplo limitar las retribuciones de los cargos públicos, sin que ninguno de ellos pueda percibir una retribución superior a la del presidente del Gobierno (también en las empresas públicas) y con unos tramos que, en el caso de los ayuntamientos, vengan referidos al número de habitantes.
Hacer incompatible la posibilidad de percibir dos retribuciones cuyo origen sea el dinero público también mejoraría la imagen de nuestros políticos. Que un antiguo alto cargo pueda compaginar su retribución como parlamentario con otra por su antigua responsabilidad no son ejemplos de austeridad, como tampoco el que pueda percibir una retribución como parlamentario y otra con cargo al partido (las cuotas de afiliación no dan para tantos y tan altos sueldos, lo que me hace pensar que se pagan gracias a las subvenciones públicas, como por ejemplo los casi 21 de millones de euros al trimestre que se reparten las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados para atender sus gastos de funcionamiento ordinario (ver BOE), que ya son gastos para 350 diputados).
Seguro que los ciudadanos tampoco veríamos con malos ojos que no pudieran concederse retribuciones como ex alto cargo a aquellas personas que cuentan con reservas de puesto de trabajo y por tanto pueden retornar a su actividad profesional anterior una vez cesan en su actividad pública (si un ex ministro o ex presidente –nacional o autonómico- es funcionario, juez, profesor, profesional liberal… o un cargo retribuido en su partido, tiene medios de vida suficientes como para necesitar de una pensión temporal).
Los regalos institucionales que por “costumbre” se realizan y casi siempre se aceptan en algunos parlamentos, diputaciones, ayuntamientos, ministerios, consejerías,…, con ocasión de algún momento de júbilo social (generalmente navidades) no parecen un acertado destino a fines públicos del dinero público. Esa “costumbre” que algunos presidentes de parlamento tienen de regalar relojes, televisores u otros objetos similares de un importante valor económico (en el sentimental no entro) no tiene justificación legal. Otros más modestos como las “bufandas” podrían entenderse y aceptarse si lo son en su primera acepción del diccionario de la real academia de la lengua: prenda larga y estrecha, por lo común de lana o seda, con que se envuelve y abriga el cuello y la boca. Ya no me resultan tan entendibles cuando coinciden con la segunda acepción: gratificación extraordinaria que recibe de su empresa un trabajador y no porque no deba considerarse a la administración pública como una empresa ni a sus fieles servidores como unos trabajadores.
Se me ocurren otras medidas como la regulación del uso de medios públicos de locomoción (coches oficiales, ferrocarril o aviones). No queda muy bien desplazarse a un acto del partido con un billete de avión “todo gratis” o un fin de semana en un coche oficial. Tampoco estaría mal, ya que hemos dejado de fumar en el trabajo y en lugares de ocio, que los políticos tuvieran prohibido beber en horario laboral, así no sería necesario cerrar cada presentación o inauguración con una celebración gastronómica. Seguro que los ciudadanos no se sentirían decepcionados si las emisoras de radio y televisión públicas que no fueran capaces de autofinanciarse cerrasen sus emisiones, o si la percepción de dietas de manutención y alojamiento de los parlamentarios de provincias se condicionaran a la efectiva realización y justificación de los gastos, pues no resulta muy ético cobrar por este concepto y alojarse en casa de un familiar o en una casa propia. Tampoco los indignados ciudadanos se molestarían si las exenciones tributarias de que gozan los diputados se eliminaran.
A buen seguro que con estas medidas no conseguiríamos una mejor consideración en los mercados internacionales, ni en las agencias de calificación, ni tampoco conseguiríamos solo con ellas los objetivos de estabilidad que fijan las autoridades comunitarias, pero si que los políticos, además de serlo, lo parezcan.
Al fin y al cabo ser político o política es una opción y para muchos ha sido su única (y no por ello ilegítima) opción profesional, como pone de manifiesto el curriculum de algunos miembros y miembras de las cortes, excelentísimos y excelentísimas, ilustrísimos e ilustrísimas altos y altas cargos (las cargas son para los contribuyentes). Sólo hay que hacer pequeñas operaciones para saber que quien nace en 1977 y finaliza sus estudios en el año 200 y desde el año 2002 ocupa cargos políticos, no ha tenido tiempo para consolidar (y tal vez ni iniciar) una trayectoria profesional. Ni tampoco quien nace un año antes y ocupa desde el año 2000 relevantes puestos y cargos públicos, gracias a los cuales llegó a percibir, según algunas informaciones públicas decían, un sueldo cercano a los 20.000 euros mensuales.
Defender la igualdad así puede resultar muy fácil, pero poco convincente. Y pueden serlo, pero no lo parecen (iguales quiero decir).
Bibliografía
Segovia (Castilla y León | España 1965).
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.
Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.
Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.
Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.
Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).
Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.
Libros publicados:
- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.
- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.
- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.
- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”, Editorial La Ley, Madrid, 2011.
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