Predicar y dar trigo

Resumen

Predicar y dar trigo 1

Uno de los debates más intensos y con menos trascendencia social que vivió la ley penal del menor en nuestro país fue su financiación. Aprobada con el partido popular en el gobierno en el año 2000 fue objeto de críticas por el partido socialista en la oposición al entender que no se garantizaban los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las labores de «resocialización y reeducación», un aspecto a su juicio imprescindible para que la ley cumpliera su función.

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La necesidad de dotar de recursos a las comunidades autónomas era prioritaria en abril de 2004 para quien iba ser nuevo ministro de justicia una vez que el partido socialista ganó las elecciones generales, dado que entendía que no existía una correspondencia entre el dinero que se destinó a esta norma y las necesidades reales y ese era el primer problema. Y así lo reiteró en su comparecencia parlamentaria y registrado quedó en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (ver nº 33 de 2004, página 18).

Sin embargo, el tiempo ha pasado y no solo no se ha dotado de recursos a las comunidades autónomas, que son quienes asumen todo el coste de la ejecución de las medidas acordadas por los jueces de menores, sino que las cantidades que de forma testimonial el gobierno central las venía transfiriendo desde el año 2000 y que apenas llegan para cubrir un porcentaje mínimo de los costes que la nueva ley les ha supuesto (lo transferido no llega al 4 % de lo destinado a este fin) este año va a sufrir un importante recorte del 33%.

La crisis puede justificar muchas cosas, pero seguro que no justifica que los jueces de menores, en un ejercicio de “corresponsabilidad económica” reduzcan el número de sentencias para que las comunidades puedan seguir sufragando este alto coste sin tener que reducir las prestaciones y servicios que prestan a sus ciudadanos. No conviene dejar a un lado que si en el año 2000 (año anterior a la vigencia de la actual ley) los jueces de menores dictaron 7.934 sentencias, en el año 2009 (últimos datos publicados por el INE) estas fueron 24.356.