Chiapas: compromiso para evitar la delincuencia organizada

Resumen

México, país conocido internacionalmente por sus altos índices de delincuencia organizada, da muestras de empezar a obtener algunos resultados en la lucha contra este tipo de delitos. Un referente claro del compromiso contra la delincuencia organizada es el estado de Chiapas, donde ésta ha llegado a ser de las más bajas de todo México.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva a cabo de forma anual informes sobre la delincuencia existente en los distintos países del mundo, y México se ubica entre los primeros en una gran parte de tipologías delictivas. Entre todos los delitos con altas tasas en México, los más preocupantes son, sin duda, los relacionados con la delincuencia organizada. En los últimos años, México se ha mantenido entre los seis países del mundo con mayor delincuencia organizada, sólo superado por Iraq, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial. Según Eduardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada de la ONU, esto es debido, entre muchas razones de peso, a la falta de implementación práctica de los convenios internacionales contra la delincuencia organizada. Tan sólo se han llevado a la práctica un 23% de los artículos del Convenio de Mérida contra la corrupción y un 48% de los artículos del Convenio de Palermo contra la delincuencia organizada, ambos ratificados por México; cifras que dan muestras de una falta de compromiso preocupante por parte del gobierno federal mexicano.

En este panorama, como resulta lógico, encontramos realidades muy heterogéneas: hay estados con cifras muy elevadas de delincuencia organizada, entre los que se encuentran Tabasco, Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua; y otros, en cambio, con claras muestras de un alto compromiso en la lucha por reducirla. Entre éste segundo grupo, el territorio que ha tenido mejores resultados es el estado sureño de Chiapas, donde se ha reducido la delincuencia organizada a cifras muy bajas en comparación con el resto del país.

La situación geográfica de Chiapas, fronteriza con Guatemala, puede hacer pensar que es una zona ideal para el tráfico de personas desde Centroamérica hacia Estados Unidos, el tráfico de drogas o el tráfico de armas; no obstante, la cifra de delitos en estos ámbitos es de las más bajas de todo México. ¿A qué puede ser debido que un estado ubicado en una zona tan apetitosa para los delincuentes presente unas tasas delictivas tan bajas en comparación con su contexto?

Son muchas y muy diversas las respuestas que se han ido dando a esta pregunta, pero todas ellas las podemos agrupar, a mi parecer, en dos grandes grupos: la presión ejercida por los movimientos revolucionarios y la lucha institucional llevada a cabo desde el gobierno.

Chiapas es conocida internacionalmente, en buena parte, por la presencia durante las últimas décadas del movimiento revolucionario indígena representado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y su lucha activa por los derechos de los pueblos indígenas de México. Entre los muchos postulados que defiende el EZLN se encuentra el compromiso contra el narcotráfico, y el tráfico de armas y personas, actividades tradicionalmente llevadas a cabo por las redes de delincuencia organizada centroamericanas. No es poco frecuente, en este sentido, encontrar carteles a la entrada de aldeas y pueblos con presencia del EZLN con frases como “aquí se castiga la compra-venta de droga”, “se prohíbe estrictamente el tráfico de armas”, “totalmente prohibido el narcotráfico” o “aquí no hay lugar para los narcotraficantes”.

Así pues, es incuestionable que existe una fuerte presión social en Chiapas contra la delincuencia organizada, no sólo promovida por los zapatistas, sino por la inmensa mayoría del conjunto de la sociedad. Dicha presión social cumple una doble función que sin duda repercute en la reducción de la delincuencia organizada: impide la instalación en el estado de narcotraficantes de otras zonas de México y del extranjero, y reduce el riesgo que los propios chiapanencos opten por la delincuencia organizada como su forma de vida.

Además, desde 2006 venimos observando periódicamente noticias de operativos llevados a cabo en Chiapas contra la delincuencia organizada. El gobierno del estado ha promovido medidas como:

∙ Acuerdos con la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Armada de México para aumentar la vigilancia sobre el tráfico de armas y drogas en la frontera con Guatemala y la zona de costa, con la intención de blindar los puntos de riesgo de la aparición de delincuencia organizada.

∙ La implementación de centros de control de confianza para la formación y examen de los policías estatales y municipales, hasta el punto de haber llegado a evaluar al mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

∙ La creación de Bases de Operaciones Mixtas en varias partes del estado para controlar el tráfico de indocumentados, de drogas y de armas.

Gracias a dichas medidas se ha conseguido no tan sólo mantener la cifra de delincuencia organizada prácticamente a cero, sino hacer descender muchos otros delitos. Así pues, en 2009 ya se detectó la notoria diferencia entre la media de delitos por persona en Chiapas, 3.700 por cada 100.000 habitantes, y la del conjunto de México, de 12.000; situándose Chiapas como el segundo estado del país con menor tasa de incidencias de delitos, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Así pues, tanto la presión social de los ciudadanos como las medidas institucionales del gobierno han cumplido un papel importantísimo en la lucha contra la delincuencia organizada; mostrando un alto compromiso de todos los agentes por la reducción de este tipo de delitos, y logrando situar a Chiapas entre los estados con menores tasas de delincuencia de todo México.

Debo añadir, antes de acabar, que el presente artículo no supone en ningún caso una idealización de la gestión de la delincuencia en Chiapas, tan sólo una exposición objetiva de la situación. Aún queda mucho trabajo que hacer, y especialmente en la lucha contra la corrupción política a altos niveles. En los últimos años se han dado graves casos de delitos entre la clase política, como la condena del ex-gobernador Pablo Salazar por varios delitos que van desde el homicidio hasta el desvío de bienes públicos y la defraudación, o la imputación del ex-presidente municipal de la ciudad de Tapachula por desvío de bienes públicos. Además, se ha señalado que la cifra negra de delincuencia contra los migrantes ilegales en su paso por Chiapas, en muchas ocasiones gestionada por redes de delincuencia organizada, puede ser significativamente superior a la conocida.

En todo caso, la lucha que se está llevando a cabo a todos los niveles contra la delincuencia organizada en Chiapas debe ser reconocida y valorada, tanto por el compromiso mostrado como por los resultados obtenidos; y debe crear un precedente en el resto de estados de México para dejar de ser de una vez por todas un país conocido internacionalmente por sus altos índices de delincuencia organizada.

Bibliografía

David Buil Gil

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De profesión: investigador predoctoral de la Universidad de Manchester y colaborador del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández.

De formación: Graduado en Criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Análisis y Prevención del Crimen por la Universidad Miguel Hernández y estudiante de doctorado en la Universidad de Manchester.

De pasión: amante de la literatura, el arte y la política, pero sobre todo de la relación entre los anteriores.