Resumen
Aún reconociendo el sopor que puede llegar a generar la lectura de algunos programas electorales, uno se puede topar de vez en cuando con propuestas que, por su particularidad, ya sea positiva o negativamente, por sorprendernos gratamente o por indignarnos, nos acercan a una visión del estado de cosas con el que quizá no nos habíamos planteado encontranos. En la materia que nos pertoca existen preceptos en todos los ámbitos.
Empezando por el de la justicia, nos encontramos con una proposición presentada porEspaña 2000 en su punto 22, en el que exigen "una “ley de legítima defensa” que garantice a los ciudadanos la inmunidad ante los efectos que pudiera tener cualquier respuesta ante los ataques a su integridad personal o patrimonial.", un concepto en boga unos meses atrás tras la resolución del caso Tous.
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Dentro del ámbito de la corrupción, punto trabajado por gran parte de los partidos que se presentan a las elecciones del próximo domingo, hemos querido recoger dos propuestas. La primera, de Democracia Nacional, se encuentra en su decálogo, donde propone la creación de "un tribunal nacional para juzgar los delitos políticos", aunque no defina en ningún lugar a qué tipo de delitos se refiere. La segunda, procedente del partido Equo, liderado por el activista Lopez de Uralde, nos habla en el punto 68 de su programa electoral de corresponsabilizar a los partidos políticos de los delitos cometidos por uno de sus miembros: "Se impulsará, dentro de la figura de corresponsabilidad jurídica, la concurrencia a la pena impuesta de condenado y partido, garantizando el partido inicialmente y como aval, el cobro de las cantidades económicas objeto de la condena para acudir después concurrentemente en las sanciones. En el caso de delitos graves acompañados de alarma social, el partido político concurrirá igualmente a la pena privativa de libertad del condenado. De una forma análoga se le privará, en el caso de la fuerza política, de volver a presentar candidatura en el territorio origen de los hechos y por un tiempo a determinar en el contenido de la ley." . Habría que echar cuentas de los partidos que no se podrían presentar en algunos municipios si dicha figura se hubiera aplicado ya.
Destacable es la propuesta, en términos técnicos, presentada por Pirates de Catalunya en su ideario, al abogar por algo que muchos académicos reclaman: "cambiaremos la denominación "Violencia de Género" por "Violencia Doméstica" con el objetivo de equiparar, sin recortar en ningún caso los derechos conseguidos por las mujeres en la actual ley de Violencia de Género, las actuaciones y las penas relacionadas con cualquier tipo de violencia que tengan lugar en el ámbito de la familia o de la pareja, así, daremos cobertura específica a las víctimas de violencia en parejas homosexuales, los casos específicos de maltrato de los hombres de parejas heterosexuales y todo tipo de violencia en el ámbito familiar."
También resultan sorprendentes, por poco divulgadas (aún reconociendo la fuerza que, año tras año, van adquiriendo), las propuestas del PACMA, Partido Animalista, en dicha materia. Dos propuestas escogidas prácticamente al azar sirven de ejemplo del caracter novedoso de sus ideas. Así, en el punto 40 de su programa electoral plantean la creación de la figura del Fiscal contra la Violencia sobre los Animales, que tendrá entre sus funciones "Practicar las diligencias asignadas a los fiscales, e intervenir directamente en aquellos procesos penales referentes a los delitos relativos a la protección de los animales domésticos señalados en el artículo 337 del Código Penal ; supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre los Animales, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren; y coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de delitos relativos a la protección de los animales domésticos, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones."
Así mismo, es su defensa del Proyecto Gran Simio el eje que puede ser considerado clave para que los derechos sobre los animales sean tratados con el juicio que se reclama "Defenderemos el objetivo de Proyecto Gran Simio de dar derechos a los grandes primates como estrategia para romper la barrera entre especies. Defendemos que todos los animales con capacidad para sentir tengan derechos que protejan sus intereses fundamentales. Por ello, defenderemos que le sean concedidos a los primates, al igual que al resto de animales. Principalmente, el derecho a la vida y a la protección de la libertad individual."
El ámbito penitenciario no escapa a las propuestas políticas. Encontramos en este caso dos propuestas que son susceptibles de un amplio debate, procedentes de dos partidos con una ideología contrapuesta. La primera propuesta, procedente de Plataforma per Catalunya (y cuyo precepto está planteado solo para dicha comunidad autónoma) y expuesta en su declaración programática del Cuarto Congreso de Plataforma per Catalunya celebrado en Vic el 23 de noviembre de 2008, considera que "Catalunya no ha de pagar procesos o estancias penitenciarias de aquellos que con sus actos delictivos atentan contra nuestra seguridad y no han nacido aquí. Los delitos menores, después de un juicio rápido y una vez comprobada la responsabilidad del delincuente, serán motivo de expulsión y repatriación inmediata. En el caso de delitos mayores perpetrados por inmigrantes, la expulsión tan solo será efectiva después del cumplimiento de la condena.". Si se tuviera en cuenta dicha propuesta, por ejemplo un no-nacido en Catalunya que llevara viviendo más de treinta años habitando en ella sería susceptible aplicársele dicha expulsión.
Finalmente, en el polo opuesto, el Partido de la Libertad Individual, en su Programa Político Marco del P-Lib reserva un espacio, en el apartado de derechos sociales (punto 3.2.7), a los reclusos (algo que, en la mayor parte de programas electorales, brilla por su ausencia). En este, se considera que "nada debe impedir a un recluso trabajar e incluso emprender dentro de los parámetros establecidos por la reclusión. Tampoco es justo limitar el acceso de los reclusos al mundo digital (salvo por necesidades de seguridad establecidas por resolución judicial)."
Bibliografía
Soy Licenciado en Criminología y Filosofía por la UAB. En 2011 fundé Criminología y Justicia, empresa dedicada a la divulgación de contenido de caracter criminólogico-jurídico que contó con la participación de más de 100 autores hasta su cierre en 2017. Durante ese tiempo se publicaron más de 1000 artículos que han recibido ya más de dos millones de visitas; se publicaron cerca de una treintena de libros, y también se organizaron diferentes eventos y congresos enfocados a divulgar la Criminología.
Ahora mi interés estriba en aplicar toda esa experiencia en el mundo de la divulgación científica a otros ámbitos dentro de la comunicación digital.