Pagar por recurrir ¿Justicia para ricos y para pobres?

Resumen

“Gallardón busca aliviar los juzgados a golpe de copago” “El ministro de justicia anuncia nuevas tasas para quién pretenda recurrir la decisión judicial que considere injusta. Este exceso de litigiosidad como definió Gallardón, la causa de la saturación de los juzgados es verdadero origen de la medida. Si Francia con 65 millones de habitantes, tramita al año 6 millones de asuntos, España con 45 millones, alcanza los 9.3 millones de litigios”

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Esta es una de las medidas del nuevo Ministro de Justicia que más repercusión ha tenido en la opinión pública. Y la verdad es que analizar esta medida, se me antoja complicada y a la vez contradictoria.

En primer lugar, efectivamente en España todo se denuncia, hay una excesiva fijación del ciudadano, en pensar que cuando tiene un conflicto, lo mejor para resolverlo es acudir al juzgado para que un tercero que no le conoce de nada, dé la solución al problema. En ese momento, no se piensa en todo lo que esto conlleva, incluido el importante desembolso de dinero: abogado y procurador, y si tienes la “desgracia” de que no te den la razón, las costas del juicio.

Además, se acude a los juzgados de forma sistemática, sin tomar conciencia que con un juicio irremediablemente uno gana y otro pierde, y aún actuando de forma salomónica (mi experiencia como juez me lo ha demostrado en muchas ocasiones) siempre hay una parte que no está conforme con la resolución judicial. Es probable que el hecho de estar tan contentos con acudir a los Tribunales, sea porque cada parte piensa que está en posesión absoluta de la razón, cree que la justicia estará de su lado y ni tan siquiera se para a sopesar la posibilidad de que la otra parte, también pueda tener parte de esa razón.

Obvio que hay asuntos claros, en los que la justicia y la ley están totalmente del lado de una de las dos partes en conflicto, pero por supuesto muchos otros son dudosos, incluso acudiendo a toda la normativa posible y existente.

¿Por qué entonces esta confianza ciega en las posibilidades de uno mismo?

Para mi, la respuesta está en la incapacidad de las personas de ponernos aunque sea por un segundo en el lugar del otro, esto hace que la mayoría de las ocasiones, en un primer momento, nunca se valore como opción que puede que no tengamos toda la razón y la otra parte si. Esto es lo que lleva a las personas en muchas ocasiones, a recurrir y recurrir sin descanso buscando la justicia hecha a su medida.

Para esta clase de individuos, veo claro que esta medida de poner freno a esta necesidad de que la justicia falle a su favor, porque su incapacidad de resolver sus propios conflictos o al menos intentarlo y de ponerse en los zapatos del otro, hace que no se conformen y utilicen la vida judicial hasta las últimas consecuencias, sin valorar los costes que esto conlleva (salvo que uno tenga el derecho de justicia gratuita).

Si esta obcecación de las personas en denunciar lo trasladamos, al ámbito penal, esto es ya un desconcierto total. No puede ser que cada vez que alguien discuta con otra persona, vaya a denunciar. Los Juzgados están colapsados de juicios de faltas por injurias, calumnias, amenazas…que a mi parecer ni siquiera deberían admitirse a trámite.

En Noruega por ejemplo, este tipo de asuntos menores, no van por la vía penal. Lo ideal es que las personas adquieran las herramientas útiles para solucionar estos conflictos sean o no penales, sin acudir al juzgado y para eso juega especial importancia, en el ámbito penal, la Justicia Restaurativa y sus diferentes herramientas. En estos casos, se llamarían métodos alternativos a la solución de los conflictos, porque se acudiría a ellos en lugar de ir al juzgado.

Esto si es una forma de descongestionar la justicia, pero claro para esto hay que crear una cultura en el ciudadano diferente y eso implica apoyar e implicarse con los que nos dedicamos a estos métodos alternativos o complementarios. ¿Por qué digo alternativos o complementarios? Porque al menos en el ámbito penal, la Justicia Restaurativa y sus herramientas, como la mediación penal no pueden verse como algo exclusivamente para delitos menos graves, porque entonces nos estaríamos olvidando del principal objetivo de la justicia restaurativa, que es ayudar a las víctimas de cualquier clase de crimen con independencia de su gravedad y prevenir nuevos delitos y con ello nuevas víctimas. Esto debería tenerlo en cuenta el Ministro cuando haga las reformas en el ámbito penal, pero bueno esto ya es “harina de otro costal”.

Siguiendo con el tema de las tasas judiciales, en el sentido que antes he explicado, me puede parecer una medida bastante adecuada, pero por esto mismo, esta reforma debería acompañarse de la concienciación de las personas de los beneficios de estos métodos alternativos o complementarios, y que son buenos porque con ellos todos ganan, se agiliza la solución del problema y puede ser mucho más barato.

No obstante, esto de pagar por recurrir me hace retrotraerme a épocas pasadas, donde solo los nobles y ricos podían obtener justicia y acudir a los tribunales. ¿Acaso no parece una justicia para ricos y otra no ya para pobres, sino para una clase media (casi en extinción)?. Puede ocurrir que entre esas personas que nunca valoran que el otro pueda tener parte de razón, sean de esa especie : los que tienen recursos económicos y gracias a esto, puedan recurrir y seguir clamando por una justicia que les satisfaga, y en cambio, otra persona en su misma situación, no lo pueda hacer por carecer de recursos suficientes ( algo bastante común en la época actual), y esto ya si que me parece que atenta contra el principio de igualdad y el derecho de todos a la tutela judicial efectiva. Más que pagar por recurrir, si no se esta satisfecho en primera instancia, entonces ¿por qué no prohibir y suprimir la posibilidad de recursos?

Esta situación, sin embargo, no es lo más grave que puede acontecer porque llegados a este punto, ¿qué pasa si una persona por mala suerte, porque el juez no tenía su “día”, o por lo que fuere, no ha obtenido una sentencia favorable, teniendo la ley claramente de su lado? ¿Además imaginemos que se trata de asunto penal ¿qué puede ocurrir entonces? Pues que la falta de recursos económicos, puede causar a las personas perjuicios irreparables, especialmente si son victimas (ya se que no es necesario que las víctimas acudan con abogado y que para eso está el fiscal) pero ¿si una de sus necesidades como victimas es estar representada en el juicio por un abogado? ¿La quitamos esta posibilidad de recurrir por no tener dinero?

Y rizando más el rizo, dos infractores de delitos contra el patrimonio, por ejemplo, es un tópico lo que voy a decir, pero puede pasar y ser real. El que roba “una gallina” por decir algo, el que roba o sustrae una pequeña cantidad de dinero, si es de clase baja-media no tendrá opción de recurrir y por supuesto que el peso de la ley caerá sobre él de forma aplastante. Otro infractor, que estafa, malversa caudales públicos…. (algo para nuestra desgracia común en estos tiempos que corren) como ya de por si ha amasado grandes cantidades de dinero, y eso de devolver lo robado para restaurar el daño, no suele entrar en sus planes en la mayoría de los casos, pueden dilatar su caso en el tiempo hasta sus últimas instancias, beneficiándose directamente de sus delitos para además obtener ventajas de la justicia.

Aquí llegaríamos a la paradoja de que ni en los infractores se cumple el principio de igualdad y habría delincuentes “nobles” y “plebeyos”.

Todas estas posibilidades, quizá extremas, pueden suceder y de hecho ocurren, puesto que ya de por si pensar en un juicio es pensar en dinero.

Por eso esta reforma, me resulta controvertida y muy difícil de posicionarme ya que si bien hay personas que “abusan” de la Justicia (incluso en los pueblos hay ciudadanos que son los “típicos conocidos” porque siempre andan implicados en juicios directa o indirectamente), esta medida castigaría también a otros ciudadanos que acuden por no tener más remedio.

La solución no es tan difícil sino quizá más revolucionaria, que las personas, los españoles, incluidos el legislador cambien el “chip”, como ya se lleva haciendo durante años, en otros lugares del mundo. Tanto en el ámbito civil y familiar como en el mercantil y hasta en el penal hay soluciones alternativas para estos pequeños problemas que saturan los juzgados: arbitraje, mediación, negociación y conciliación.

Y ya en el ámbito penal que es el que conozco, existe la Justicia Restaurativa que no solo soluciona de forma alternativa los pequeños problemas sino que de forma complementaria ayuda a las victimas directas e indirectas del delito y favorece la reinserción de los infractores que voluntariamente desean participar.

Todo esto lleva a que el ciudadano tenga una mejor visión de la justicia y esté más satisfecho, además siendo un poco políticos, con esto la percepción de los individuos con respecto a los gobernantes mejora y es más positiva. Conclusión, no hay perdedores todos ganan.

Bibliografía

Virginia Domingo

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Follow @VirginiaDomingo (Burgos, 17 de mayo 1975)

Soy periodista frustrada, estudié derecho, por defecto y a pesar de todo, me gustó. Fui durante más de ocho años Juez Sustituta, lo que me hizo ver la realidad de la justicia y su falta de humanidad, así llegué en el 2004 a la Justicia Restaurativa. Actualmente soy la coordinadora del Servicio de Mediación Penal de Castilla y León (Burgos) y presidenta del Instituto de Justicia Restaurativa-Amepax ( la entidad que proporciona este servicio). Soy experta y consultora internacional en Justicia Restaurativa. Mediadora Penal y Presidenta de la Sociedad Cientifica de Justicia Restaurativa. Miembro del Comité de investigación del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, participo regularmente en las reuniones de este Foro y he ofrecido varias charlas a nivel internacional, asimismo he realizado diversos trabajos de investigación sobre Justicia Restaurativa y mediación en materia penal. Y sigo luchando porque se regule la Justicia Restaurativa como un derecho más para las victimas de cualquier delito con independencia del lugar donde lo sufran.