Las reformas del Código Penal y su incidencia en la población penitenciaria

Resumen

Desde el año 1990 la población penitenciaria española ha mantenido una progresiva tendencia al alza, pasando de 33.058 internos a último día de ese año a 76.079 a 31 de diciembre de 2009, llegando hasta los 76.951 internos en mayo de 2010, fecha en la que se inicia una inflexión que ha llevado a un descenso del número de personas privadas de libertad, que en diciembre de 2011 se situaba en 70.472.

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Evolución de la población penitenciaria española

La publicación del Código Penal de 1995 supuso un pequeño descenso de la población penitencia en los años 1995 y 1996, rompiendo la inercia de crecimiento anual que se venía manifestando, para a partir de 1997 retomar esa tendencia que sólo se vio quebrada en 1999.

El descenso de la población penitenciaria en 1995 y 1996 guarda directa relación con los efectos del nuevo Código Penal y en especial con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en relación a la redención de penas obtenidas anteriormente a su entrada en vigor.

Múltiples son las causas que han contribuido a esta evolución al alza de nuestra población penitenciaria, entre ellas el aumento del tiempo de permanencia en prisión a lo que ha contribuido la desaparición de la redención de penas por el trabajo con el nuevo Código Penal, que si bien prevé penas de menor duración que el Código de 1973, la desaparición del beneficio penitenciario se traduce en mayor tiempo para su cumplimiento.

También ha contribuido a este aumento del tiempo de permanencia en prisión la jurisprudencia del Tribunal Supremo, popularmente conocida como la “doctrina Parot”, que alarga el tiempo de permanencia en prisión en los supuestos de acumulación de condenas.

Algunas reformas legales también han ido en esta línea, tanto alargando la permanencia en prisión como limitando el acceso a situaciones jurídicas que permitan un régimen más flexible de cumplimiento: la introducción del conocido como periodo de seguridad para el acceso al tercer grado, las limitaciones en materia de clasificación, libertad condicional, permisos de salida o beneficios penitenciarios en los supuestos de acumulación de condenas, las limitaciones en materia de clasificación penitenciaria derivadas de la exigencia de satisfacción previa de la responsabilidad civil o las limitaciones para el acceso a la libertad condicional derivadas de la no satisfacción de la responsabilidad civil o en los supuestos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.

Al margen del aumento del tiempo de estancia en prisión, también han influido en el aumento de la población algunas reformas legales, como la llevada a cabo en el campo procesal con la instauración de los juicios rápidos, o en el marco penal, donde destacan especialmente las relativas a los delitos de violencia de género y las relativas a los delitos contra la seguridad vial.

Sin embargo, en los dos últimos años la población penitenciaria ha experimentado un descenso y detrás de él pueden estar algunas de las reformas introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010 y que ha permitido reducir el número de internos condenados por delitos contra la salud pública y la seguridad vial.

Respecto a los delitos contra la seguridad del tráfico, los datos son bastante elocuentes y de 275 internos que había en España a 31 de diciembre de 2007 se pasó a 1.405 a 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, a finales de marzo de 2012 el número de condenados por estos delitos en los centros penitenciarios había descendido hasta 1.099 (21,78 %).

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Situación parecida se está produciendo entre los penados por delitos contra la salud pública, cuyo número se ha ido reduciendo de forma progresiva desde 2010, pasando de 16.227 en diciembre de ese año a 14.687 en marzo de 2012.