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Propuestas en materia de Justicia y Seguridad Pública (II) : Unión, Progreso y Democracia
Resumen
Justicia
– Recuperación por el Estado de lacompetencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto que ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas la gestión de parte de los medios materiales y humanos de la administración al servicio de la Justicia.
Artículo completo
– Realizar un análisis de la situación y necesidades de la Administración de Justicia a fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitantes y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos.
– Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales a fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
– Modificación del Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automáticamente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento.
– Derogar la normativa procesal que suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad.
Medidas para reducir la litigiosidad1:
1. Promover el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean fácilmente comprensibles sin necesidad de asesoría profesional, y facilitar mecanismos de información sobre el desarrollo de los procedimientos.
2. Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales.
3. Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.
4. Fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja a fin de reducir la conflictividad y los problemas derivados de la coexistencia de diferentes sistemas de derecho civil en nuestro país
5. Promulgar una Ley de Mediación introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal.
6. Modificar la Ley de Arbitraje para limitar el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa específica para el caso de que se pretenda acudir a la jurisdicción ordinaria.
7. Incrementar las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio, o que impliquen una indebida utilización de recursos de la Administración de Justicia.
– Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista.
– Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.
– Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.
Corrupción
– Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Gestión Pública que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, e impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.
– Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.
– Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.
– Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.
– Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
– Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas.
Seguridad ciudadana
– Progresar en la equiparación y convergencia salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado –Guardia Civil y Policía Nacional- con las policías autonómicas y locales. Cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales.
– Limitación drástica del sistema de Libre Designación para ocupación de puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en beneficio del sistema de Concurso interno, con el fin de garantizar la imparcialidad y neutralidad del trabajo policial, ajustado a la legislación vigente sin interferencias partidistas, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
– Incremento de las plantillas y medios de la Policía Judicial, y de las unidades de policía económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, delitos informáticos y delitos similares vinculados a los cambios sociales y tecnológicos.
– Desarrollo de un modelo policial integrado que coordine, bajo supervisión del Estado, las tareas y misiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales, avanzando en la integración operativa de todos los cuerpos de seguridad y de la carrera policial en los diferentes cuerpos de seguridad.
– Desburocratización de las plantillas policiales, encomendando a funcionarios especializados provenientes de otros cuerpos de la administración, o a empleados públicos, las tareas propiamente administrativas.
– Cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas presos. Para su reinserción en los términos previstos por la ley deberán romper con su banda, solicitar perdón a sus víctimas reparando en lo posible el daño causado, y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en los que estuvieron implicados.
– Restitución del Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, y de la integridad de la Ley de Partidos para impedir la presencia en las instituciones de organizaciones herederas de Batasuna comprometidas con la consecución política de los fines terroristas.
Inmigración
– Luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, reforzando la cooperación entre las instituciones europeas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, tales como EUROPOL o INTERPOL, reduciendo la descoordinación entre los Estados miembros. Reforzar los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra las organizaciones de trata de seres humanos, y endurecer las penas por dichos delitos.
– Acabar con el carácter penitenciario ilegal de los Centros de Internamiento, desarrollando todas las medidas de control posibles para hacer cumplir lo dictado en la Ley de Extranjería, promoviendo el acceso a los Centros de asociaciones especializadas en atención a los inmigrantes, cumpliendo los límites relativos al número de internados en dichos centros, y regulando el acceso a las familias y la comunicación de los internados con el exterior.
Violencia de Género
– Supresión de los juzgados especializados en violencia de género como tales, devolviendo al ámbito de la jurisdicción civil y penal estos asuntos
– Nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitución de la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que atenta contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad de trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hombres. Una ley que, además de hacer frente la violencia de género, proteja a todos los miembros del entorno familiar.
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Bibliografía
Soy Licenciado en Criminología y Filosofía por la UAB. En 2011 fundé Criminología y Justicia, empresa dedicada a la divulgación de contenido de caracter criminólogico-jurídico que contó con la participación de más de 100 autores hasta su cierre en 2017. Durante ese tiempo se publicaron más de 1000 artículos que han recibido ya más de dos millones de visitas; se publicaron cerca de una treintena de libros, y también se organizaron diferentes eventos y congresos enfocados a divulgar la Criminología.
Ahora mi interés estriba en aplicar toda esa experiencia en el mundo de la divulgación científica a otros ámbitos dentro de la comunicación digital.
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