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Sobre la muerte de Ramón Barrios
Resumen
Ramón Barrios Serrano es un joven de 18 años que el pasado 9 de julio falleció en el Centro Teresa de Calcuta de la Comunidad de Madrid, cuando cumplía una medida de permanencia de fin de semana impuesta al amparo de la popularmente conocida como ley del menor.
Sus causas aún no han sido esclarecidas y en el momento de escribir estas líneas estaba pendiente la petición de la familia de que se llevase a cabo una segunda autopsia, al no mostrarse conformes con que su muerte fuera por causas naturales.
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Antes que nada trasladar a la familia mi sentir por la perdida de su ser querido y desearles que puedan encontrar una explicación a lo ocurrido que permita calmar su dolor. Aunque, como cualquier padre que pueda leer este artículo seguramente convendrá conmigo, difícilmente ninguna explicación, por incuestionable que pueda ser, puede mitigar el dolor que se siente y la permanente sombra de duda de lo que puedo haber pasado.
El objeto de este pequeño artículo no es cuestionar lo ocurrido, ni tampoco posicionarme a favor o en contra de ninguna de las partes, que son más de dos: administración, responsables del centro y familia de Ramón.
El hecho de que el fallecimiento ocurriera en un centro ajeno a la administración adiciona un elemento más que puede favorecer la confusión y creo que este no debería ser el enfoque del análisis.
Lo que se ha venido llamando privatización de los centros de menores ha creado una especie de conciencia social que identifica el hecho con ausencia de garantías para los menores, al tiempo de una desconfianza y desprecio hacia los profesionales que en ellos trabajan, como si la cualificación de un psicólogo, médico o educador guardara relación directa con quién paga sus nóminas. Algo totalmente falso.
La garantía de los derechos de los menores no viene determinada por la titularidad del centro, como tampoco la cualificación de sus profesionales. Invito a cualquier ciudadano desconocedor de estos temas a informarse que médicos atienden los diferentes servicios sanitarios durante puentes, vacaciones y festivos, cuando los sanitarios públicos disfrutan de sus merecidas vacaciones y días de descanso. ¿Eso desacredita la sanidad pública? O cómo nuestros legítimos intereses pueden estar en manos de un joven juez sustituto, con nula o casi nula experiencia profesional, que va decidir sobre algo para nosotros valioso, a veces incluso sin la madurez personal que da no sólo la experiencia sino la edad.
El problema no es ese. Posiblemente el nivel de exigencias y cualificación de los profesionales de esos centros sea mayor y más exigente que el de muchos centros públicos, donde a veces dilatadas experiencias han dejado abandonada una formación continua (quien me va a enseñar a mi que ya lo se todo y llevo en esto más de 20 años es una frase relativamente repetida), y donde los sistemas de sustitución están guiados por criterios a veces difíciles de entender, pero que no garantizan en ningún caso un nivel mínimo de formación que se va a adquirir a través del trabajo diario al que se incorporan como elefante en cacharrería. Resulta curioso que cuando los partidos políticos de todos los signos están buscando la forma de aligerar la administración pública, cada vez que ocurre un hecho como este algún “iluminado”, casi siempre en la oposición y con nula responsabilidad, encuentre la explicación irrefutable de que todo ha ocurrido por no ser un centro público. ¿Nadie recuerda cuantas personas fallecen en nuestro sistema penitenciario? Y ese es público en su totalidad. Y quien más preguntaba por ello (cuando estaba en la oposición) es quien desde hace casi 8 años dirige ese sistema.
La respuesta a lo ocurrido debe hacerse al margen del carácter del centro.
En primer lugar deben aclararse las causas de su muerte y si esta hubiera podido evitarse, para, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan.
Aún recuerdo cuando comenzó a aplicarse en España la pena de arrestos de fin de semana, introducida por el Código Penal de 1995, como era habitual que muchos consumidores de drogas, a las puertas del centro penitenciario al que se dirigían a cumplir el fin de semana, hicieran un último consumo momentos antes de entrar. Esto generó importantes temores entre los profesionales penitenciarios, que veían riesgos para la salud de estas personas durante el corto número de horas que pasaban en la prisión. Los familiares y amigos de Ramón han descartado que consumiera sustancias por lo que no pretendo levantar dudas y sospechas sobre ello. Simplemente apuntar que los internamientos tan cortos como los fines de semana (máximo 36 horas en el caso de los menores) pueden llevar asociados riesgos importantes en función de los hábitos, costumbres, conductas previas y estado físico de cada persona, y que estos pueden resultar muy difíciles de predecir. Baste como ejemplo las periódicas muertes de personas que practican deporte y que se han sometido a reconocimientos médicos y llevan una vida ordenada y sana y que, sin embargo, fallecen en extrañas circunstancias mientras practican deporte.
Una vez aclaradas las causas, el siguiente paso sería comprobar si todas las actuaciones se llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos y si el centro cumplió con los protocolos previstos por la administración, que al fin y al cabo es quien marca cómo debe actuar y con qué personal debe contar.
Si así fue, el problema no estaría en el centro, ni en sus profesionales y sería indiferente su carácter público o privado.
A partir de aquí varias son las hipótesis que podrían abrirse, pero que requerirían de un análisis más detallado.
Al hilo de todo esto, y sin entrar en la queja vertida por los familiares sobre el trato dispensado por los responsables del centro cuando acudieron a recabar información de lo ocurrido, me gustaría concluir con una palabras de reconocimiento para esos miles de profesionales, públicos y privados, que trabajan por hacer posible un mejor futuro para estos menores. Pocas veces se reconoce su labor y los medios solo se acuerdan de ellos en situaciones como esta. No es justo y creo que las asociaciones y colegios profesionales deberían prestar más atención a la defensa de su trabajo. Lo que no es incompatible con que se pueda y deba exigir responsabilidad a quien no actúa correctamente.
Bibliografía
Segovia (Castilla y León | España 1965).
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.
Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.
Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.
Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.
Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).
Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.
Libros publicados:
- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.
- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.
- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.
- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”, Editorial La Ley, Madrid, 2011.
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